La desigualdad y la pobreza, que limitan la posibilidad de una defensa de calidad, no deben ser motivos para que decenas de mujeres estén en prisión. De ahí, la relevancia de la liberación de 26 internas de los centros femeniles de Reinserción Social de Santa de Martha Acatitla y Tepepan.
Ellas cumplían “penas irrelevantes” —por tratarse de delitos menores— o estaban en condición de vulnerabilidad por enfermedades crónico-degenerativas o terminales, discapacidad física, o ser originarias de pueblos y comunidades indígenas.
El programa de Liberación de Mujeres, acordado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, permitió que tuvieran acceso a una defensa adecuada y gratuita, que sus casos fueran revisados y se promoviera su liberación.
En una primera etapa, el Instituto de la Defensoría Pública Federal analizó 932 expedientes y asumió la representación legal en 463, que condujeron a los recientes egresos.
En la Ciudad de México, según datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, hay mil 531 mujeres privadas de su libertad, el 21 por ciento por robo. El INEGI revela que el 47 por ciento tuvo un defensor de oficio, el 19 por ciento lo combinó con un privado, y solo una de cada cinco se dijo satisfecha con su abogada o abogado.
El sentido del sistema penitenciario mexicano es la reinserción social, lo que implica el acceso pleno a las herramientas de la justicia y a esquemas que garanticen los derechos de las personas sujetas a un proceso penal, en igualdad de condiciones.
La salida de los centros de internamiento de 26 mujeres, como lo expresó la Secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, “siempre da emoción”, pero representa retos para la reintegración social y económica.
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La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 revela que tres de cada cinco personas internas consideran que se verá afectada su posible integración al mercado laboral. En la capital nacional, según el Consejo para Prevenir la Discriminación, el 1.4 por ciento identifica como un grupo discriminado a quienes tienen antecedentes penales o estuvieron en la cárcel.
Por ello, el acompañamiento a ellas resulta fundamental para la incorporación a un empleo. Como parte de esas acciones, instituciones de asistencia privada, como Montepío Luz Saviñón, Beneficencia Española y Caritas Arquidiócesis de la CDMX, les ofrecen apoyos de diversos tipos, desde el económico hasta el sanitario.
Compromiso y voluntad institucional y personal deben ahora conjuntarse para la reinserción a la familia y la comunidad.