En todos los espacios que he tenido la oportunidad de emitir mi opinión me he decantado por el estricto respeto a la ley y, en ese sentido, apegarse al principio de presunción de inocencia que con la reforma en materia penal se instituyó constitucional y legalmente, tanto por razones de las personas señaladas como responsables de delitos, así como por cuestiones que tienen que ver con el debido proceso legal.
Una de las problemáticas que se ha tenido a lo largo de muchos años en las investigaciones ministeriales y, posteriormente, en la judicialización de los casos, radica en que se desestiman las pruebas y todo el proceso porque en algún momento se vulneró el principio de presunción de inocencia al prejuzgar sobre la culpabilidad de tal o cual persona cuando apenas se presentó la acusación ante las fiscalías locales o la federal.
Si en este, como en muchos otros casos, se tuvieran pruebas de la comisión de delitos, la obligación de la autoridad administrativa, al no tener facultades ministeriales, es presentar esos datos de prueba ante el Fiscal correspondiente y permitir que se continúen con las indagatorias a fin de tener carpetas de investigación sólidas, sin lugar a dudas y sin exponer la identidad de las personas ya que, en caso, de no tener elementos para acusar, nos encontraremos ante un grave caso de daño moral perpetrado por instituciones oficiales.
Considero que esa colaboración que brindan las autoridades administrativas a las ministeriales para integrar carpetas de investigación que se convierten en acusaciones, deben respetar la secrecía mandatada en los ordenamientos penales procesales, ya que, de otra manera, en caso de que haya una acusación sólida, ésta puede desvanecerse con esos dichos que no tienen otra función que aparecer mediáticamente.
Esto no aplica para un exPresidente de México, sino para cualquier ciudadano o ciudadana mexicana que cuando se le acuse de un delito se respete plenamente la presunción de inocencia, ya que, de lo contrario, estaríamos sumergidos en una administración y procuración de justicia sesgada y parcial, contrario a lo que mandata nuestra Constitución federal.
Y, sobre todo, este caso debe ser un precedente para no acostumbrarnos a que la justicia se politice y la política se persiga por medios cuestionables de justicia, ya que quedará seriamente lastimada la democracia mexicana.