El feminicidio de Luz Raquel indigna y duele. Hay conjunción de indolencia, negligencia y desinterés; fue asesinada en Zapopan y nunca recibió las medidas de protección que había pedido a la autoridad.
La mujer de 35 años de edad, madre y cuidadora principal de un niño con Trastorno del Espectro Autista, pidió, clamó ayuda por muchos medios al gobierno de Jalisco. Lo hizo por las vías institucionales y las de la ciudadanía; en sus redes sociales creó el hashtag #NoQuieroMorir.
No sirvió de nada. El 16 de julio, en un parque de la colonia Arcos de Zapopan, fue interceptada por un grupo de personas que le rociaron alcohol y le prendieron fuego. La quemaron viva, cumplieron las amenazas que ella denunció. Murió cuatro días después.
Un crimen atroz perpetrado en un lugar público y del que ya había advertencias hechas por la víctima a diferentes instancias del gobierno de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano.
Antes del feminicidio, ella había sido agredida con cloro de uso industrial en el tórax al salir de su edificio; denunció ante la comisaría de Zapopan y solicitó ser integrada al programa del alcalde Juan José Frangie, también de Movimiento Ciudadano, Pulso de Vida para recibir protección debido a las amenazas y violencias de un vecino, quien la agredía por los ruidos que hacía su hijo de 11 años.
“No es causa suficiente”, le dijeron las autoridades que habrían tenido que hacer todo lo que estaba en sus manos para protegerla.
La atención con perspectiva de género implica priorizar el bienestar físico y emocional de las víctimas, creerles y dar respuesta inmediata a sus denuncias; activar los mecanismos de protección que ayudarán a prevenir los feminicidios.
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A Luz Raquel le negaron toda posibilidad de defensa, de cuidado, de protección. Las señales de alertan fueron insuficientes. En una de las paredes del edificio donde vivía escribieron: “Te voy a quemar viva”.
Ella era integrante del colectivo Yo Cuido México, una organización de activistas y cuidadoras que buscan una reforma estructural para enfrentar los retos de las personas que requieren cuidados y quienes se los proporcionan. Un debate más que se abre; una dolorosa intersección de la violencia de género.
Ahora, en Jalisco, una entidad donde se han perpetrado 17 feminicidios en los primeros seis meses de este año, las autoridades ministeriales deberán determinar si el vecino —quien se presentó voluntariamente a declarar ante el Ministerio Público y está acusado de lesiones y amenazas— tiene responsabilidad.
La justicia en este caso, hasta ahora, carece de pulso.