No, porque la obligación de quienes ostentamos un cargo público no es escudarnos en trucos legales para hacer lo que nosotros deseemos, ya que, por encima de las decisiones personales, existe una población que debe ser beneficiada con todas las decisiones gubernamentales y, particularmente esta, es una obra que el pueblo de México en una gran cantidad ha pedido que se detenga por su elevado costo y por la gran depredación ambiental para una de las zonas más importantes del país.
Además, este tipo de prácticas que se están volviendo una costumbre no demuestran una solidez constitucional o jurídica en términos generales, utilizándose exclusivamente para retrasar la voluntad popular y la interpretación jurisdiccional a fin de que continúen haciendo lo que nadie más respalda.
Si revisamos este tipo de decretos es un hecho que son absolutamente inconstitucionales, ya que para declarar una obra o cualquier información con carácter de seguridad nacional, se debe fundamentar y motivar a la perfección, lo cual no ha sucedido y deja claro que se le está dando la espalda a la ciudadanía que pide desesperadamente explicaciones ante toma de decisiones unilaterales y que no abonan a la discusión nacional.
De hecho, la propia normatividad establece presupuestos específicos para poder catalogar una obra con este sello de seguridad nacional y ninguna de las obras que han sido cubiertas bajo ese manto encuadran en alguno de esos elementos que da la norma.
Ello sí es una clara vulneración a la soberanía del país por el simple hecho de que la soberanía la ostenta el pueblo, no un Presidente, no un Diputado, no un Gobernador, ya que nosotros sólo somos vehículos de la voluntad general.
Y lo peor de todo, este es el perfecto caldo de cultivo para que nos dirijamos a un país sin leyes, con decisiones autoritarias y de olvido para un pueblo de México que ha sido ignorado como nunca antes en su historia.