El as bajo la manga del presidente de la República fue la inclusión del capítulo 8 del T-MEC en 2018. Este, literalmente, estipula en su conjunto que Canadá y Estados Unidos reconocen el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio mexicano, de conformidad a nuestra Carta Magna.
La apertura de ello da lugar a que el marco jurídico interno mexicano pueda cambiar en materia de hidrocarburos con derecho soberano. Hasta ahí todo suena defensivo, discursivo y nacionalista para México, aparentemente sin problema alguno, como lo ha querido hacer ver la 4T. Obviamente, suena bien el poner en alto cualquier decisión soberana y no impuesta para y por México. Pero en realidad no es así.
Esa pequeña ambigüedad del capítulo 8 es ya ahorita una contradicción dentro del tratado mismo, ya que de interpretarse como lo está haciendo la 4T no sitúa en igualdad de condiciones a las empresas de Canadá y de Estados Unidos, y pone en peligro el futuro económico de México, la situación ambiental y la relación de este con sus vecinos del norte.
Nadie está en contra de la soberanía mexicana, de lo que se está en contra es del abuso y alevosía de funcionarios de nuestro propio México. Según la nota del pasado 27 de julio del Washington Post, Estados Unidos y Canadá están en disputa por lo ocurrido, ya que interpusieron uno de los recursos del mecanismo de solución de controversias que contempla el T-MEC para reclamar modificaciones en las condiciones de competencia.
Argumentan que el daño a sus empresas podría costar hasta 30,000 MDD. Por supuesto que eso no lo cubriría el actual gobierno de México en su “austeridad franciscana”.
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Además, Estados Unidos y Canadá anunciaron que recurrirán a las cortes respectivas. Muy probablemente las autoridades jurisdiccionales considerarán que, si se está vulnerando el Tratado, pero en el largo análisis, proceso y deliberación, la 4T seguirá contaminando y haciéndose de recursos de manera opaca,
Con la Ley de la Industria Eléctrica, que se relaciona con los hidrocarburos, México no solo está incumpliendo con la apertura energética a la que se comprometió al firmar el tratado el 30 de septiembre de 2018, sino que de manera artificiosa planeó todo desde hace cuatro años como un mecanismo para mantener su hegemonía.
Prueba de ello es la preferencia por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) ante las demás empresas. Después, que a los productores de combustible se les impuso una política de producción con ultra-bajo azufre, menos a lo cual le da un trato preferencial.
El daño brutal que puede ocurrirles a las empresas extranjeras no solo es bajo y ruin para nuestros vecinos del norte, sino que pone en peligro la relación de México con ambos países, cuestión que no nos conviene como mexicanos. Justo ayer, por citar un ejemplo, la secretaria de Economía escribió que de “acuerdo con el U.S. Census, México se mantuvo como el segundo socio comercial de EU en el primer semestre de 2022, con un intercambio de más de 384,000 millones de dólares”.
Además, las exportaciones a Estados Unidos representan un 80% del total de exportaciones que realiza México. Si Estados Unidos pone aranceles, esto agravará aún más la situación económica del país, que no tiene para sufragar los servicios básicos de salud ni para garantizar seguridad pública a la ciudadanía.
Así, dolosamente al presidente, que no le gusta que le salgan con el cuento de que “la Ley es la Ley”, le viene el hacer y deshacer a su antojo, regocijado por un porcentaje de población que no ve más allá de sus mentiras y discurso populista.
Y no menos importante resulta el mencionar su desdén por las energías limpias. Coincido con la postura del periodista estadounidense David Wallace-Wells, al considerar que la indiferencia de ciertos líderes políticos, respecto a la contaminación, termina por reafirmar su carácter populista y vacío. Prácticamente, comprende pensar en el reducido presente y no una tener visión sostenible e incluyente del futuro.