La corrupción, la política de pillaje fue por mucho tiempo el principal problema de México, fue en el Porfiriato (1876-1911) que ésta se instauró hasta el triunfo de nuestro movimiento el 1 de diciembre de 2018.
Bajo ese esquema, durante el período neoliberal (entre 1983 y 2018) se realizaron jugosos negocios privados al amparo del poder público que se nutrían mutuamente para el robo de los bienes del pueblo y las riquezas de la nación bajo el amparo de las llamadas “reformas estructurales”.
Surgieron y fueron hechas para legalizar la corrupción, la injusticia y los robos; redactadas por consigna y a modo: potentados, políticos, funcionarios y legisladores “trabajaron” por el beneficio de particulares, sin importar el interés público.
Muchas de estas reformas han sido revertidas en este sexenio, otras no se han logrado porque las dejaron “bien amarradas, y no se puede recurrir a decretos para ello”, como ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de 19 ajustes a la Constitución, se estableció la venta de importantes empresas públicas, la privatización de la banca y adecuaciones para la enajenación de tierras ejidales, que derivó en que hoy existan “enormes latifundios en manos de supuestos ejidatarios inmensamente ricos, y se ha despojado a miles, sino es que a millones de dueños originarios de los predios”.
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De los 19 ajustes a la Constitución, seis corresponden al gobierno de Salinas; cinco al gobierno de Zedillo; una a Fox, dos a Calderón, y el resto a Peña, de la mano de los conservadores para beneficiar a las minorías nacionales y extranjeras, y perjudicar al pueblo, a las y los trabajadores.
Algunos ejemplos son los cambios en el sistema ferroviario para la generación de energía eléctrica por particulares; el Fobaproa; el ajuste a la ley minera que benefició a las empresas Peñoles, Grupo México y Carso; y también la reforma energética para entregar el 20 por ciento del potencial petrolero del país a empresas y particulares nacionales y extranjeras, hoy multimillonarias.
Como muestra de lo anterior comparto un dato del libro “Hacia una economía Moral”, de Andrés Manuel López Obrador: en julio de 1988, cuando Salinas (padre de la desigualdad moderna) fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes sólo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con 2 mil millones de dólares.
Pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados al listado de las personas más ricas del mundo, 24 mexicanos que poseían en conjunto 44 mil millones de dólares.
La política Salinista con grandes beneficios para el llamado “grupo contacto” continuó aplicándose durante los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto a través de las reformas promovidas durante el período neoliberal con el propósito de trasladar los bienes públicos a particulares y utilizar al Congreso para legalizarlas.
Fue así como la mayoría de los legisladores aprobaron en 1989, al inicio del gobierno de Salinas el Plan Nacional de Desarrollo, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado.
En 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 Constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación a manos extranjeras.
En 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales, y el 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores de ambos partidos cambiaron la Ley Minera para entregar concesiones a los particulares hasta por 50 años.
En fin, durante décadas las leyes en nuestro país fueron aprobadas por consigna y a modo para el beneficio de particulares soslayando el interés público; sin embargo, no lograron robarnos el futuro ni el derecho a la esperanza hacia el renacimiento de México.
Hoy, con la mayoría de los legisladores surgidos de nuestro movimiento se han logrado las reformas y leyes para el combate a la corrupción; la austeridad republicana; la extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado; la prohibición de la devolución de impuestos.
La calificación al robo de combustible como delito grave; la evasión fiscal y el fraude electoral; la eliminación del fuero a funcionarios; la revocación de mandato; la consulta popular; la nueva Ley laboral y de salud; la cancelación de la llamada “reforma educativa”.
De hecho, el Presidente considera que ya han sido logradas las reformas a la Constitución más importantes de su gobierno.
La Cuarta Transformación de la vida pública del país por medio de las vías institucionales y legales avanza para hacer realidad el progreso con justicia, procurando que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia, para mejorar las condiciones de vida, para tener oportunidades de empleo, estudio y otros factores básicos como son los valores culturales, morales y espirituales que promueven la paz pública.
Sin olvidar como decía Alfonso Reyes valores como: el respeto hacia nuestra persona en cuerpo y alma; el respeto a la familia; el respeto a la sociedad humana en general; el respeto a la patria; el respeto a la especie humana y el respeto a la naturaleza que nos rodea.
A pesar de su cerrazón, los opositores en el Congreso de la Unión, no lograrán frenar las reformas constitucionales que se necesitan y que favorecen al pueblo de México; somos millones los que queremos vivir en un país de leyes, de paz, de instituciones, de democracia participativa, más justo y con oportunidades para todos.
Entre las reformas constitucionales que ha propuesto el presidente López Obrador están la electoral, y que la Guardia Nacional dependa directamente de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); si el bloque opositor las rechaza… pues “¡ya lo dirá la historia y el corrido!”.