Se ha subestimado a quienes no tienen palabra. Desde mayo de 2019, con el apoyo de la oposición, se acordó que, tanto en la Ley de la Guardia Nacional como en la Carta Magna, los elementos de las fuerzas armadas se apegarán al fuero civil y a la cadena del mando civil de la Guardia Nacional.
Hasta ahí. Se reconoció su labor y acompañamiento en tareas de seguridad pública en los próximos cinco años por el interés único de proteger a la nación.
Hoy se está cambiando la pichada. La Guardia Nacional puede pasar a ser parte de otro “enemigo” de la nación, además del crimen organizado y la ineptitud: del abuso de poder.
Esto se ha traducido en una fallida estrategia en materia de seguridad pública y ahora en una oportunidad para que este utilice a las fuerzas armadas a discreción.
Y para colmo, estamos peor que en 2019, ya que los criminales se enraízan con letalidad e impunidad. A provechan la estrategia de “abrazos, no balazos”.
Quienes han minimizado las crueles intenciones de quienes ostentan el poder tengan esto como una prueba de mayor calibre: la expansión militar le parecía al presidente (y los cuatroteístas) una decisión inconstitucional y ahora se atreve a anunciar la participación de fuerzas armadas en la seguridad pública.
La oposición no permitiría que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pero no podemos decir lo mismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, al resolver respecto a la inconstitucionalidad del decretazo presidencial, muy probablemente permanecerá callada, así como en ocasiones anteriores. Así lo han demostrado los ministros leales y doblegados al presidente.
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La 4T no tiene límites en el uso discrecional del poder. Ha dejado claro que puede utilizar los recursos del Estado para manifestarse en contra de voces opositoras y adular a los capos que se temen y respetan.
Con proyectos faraónicos y consultas ha demostrado que si hay algo que no le conviene puede aniquilarlo… mientras sus familiares y amigos cercanos se llenan los bolsillos y se dan vida de lujo en el extranjero.
No se necesitan dos dedos de frente para deducir el severo riesgo de esta nueva ocurrencia presidencial. El ejército sí le debe obediencia al presidente, es su Comandante Supremo, y carece de la autonomía legal que en proporción sí poseen las fuerzas civiles.
El ejército tiene uso discrecional de las armas porque está diseñado para defender. El ejército no está preparado para hacer investigaciones contra el crimen organizado. Si la Guardia Nacional se integra, será legalmente la misma consecuencia.
El ejército protege a la soberanía nacional. El problema es que quien no concuerda con este presidente está contra él y él mismo manipula la información para hacer creer que al estar contra él se está contra la patria misma. Si la Guardia Nacional se integra al Ejército estará bajo el control del presidente... y de ese lado esperemos cualquier cosa.
Apenas en julio pasado se supo que la Fiscalía General de Justicia Militar citó a comparecer al General en retiro, Mauricio Ávila Medina, quien ha criticado la estrategia de seguridad del gobierno que encabeza López Obrador.
La justificación para este golpe a la Constitución es también absurda. Si se quisiera evitar lo que pasó con la Policía Federal Preventiva (PFP), pudiera fortalecerse desde la misma Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, con estrategia y modificaciones a su marco regulatorio.
Además, es importante mencionar los riesgos que supone en materia de Derechos Humanos. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pino Juárez A.C. (Centro Prodh), los casos que se presentan, dada la inercia en el uso de la fuerza de la que puede disponer el ejército, no son investigados exhaustiva y prontamente por instancias civiles externas.
Además, refiere, “la FGR y la CNDH son complacientes cuando deben investigar abusos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional” y que, en cuanto a la relación cívico-militar, hay riesgo de “mayor corrupción y de politización del sector castrense”.
No debemos de subestimar lo que está ocurriendo ni las intenciones de quienes no tienen palabra y que ahora se muerden la lengua con sus declaraciones de sexenios anteriores. No quieren desarticular al crimen organizado ni cambiar su estrategia de seguridad pública. No les interesa que se fortalezca a las policías estatales y locales. Quieren usar discrecionalmente a la Guardia Nacional.
Como oposición recurriremos a todos los medios legales a que haya lugar, comenzando con impugnaciones de lo que se avecina. Y de ser necesario, recurriremos a instancias internacionales, para evitar crímenes de lesa humanidad.