Una vez más queda demostrado que a este gobierno le importan poco o nada las víctimas de algún delito o de violaciones a derechos humanos, la institución encargada de velar por su bienestar y por el respeto a sus derechos, simplemente no les cree. Hace unos días el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, literalmente se lo dijo a familiares de desaparecidos.
Esta situación es el resultado de que los colaboradores del presidente se caractericen más que por su buen desempeño como debería de serlo, por una incapacidad total para enfrentar y resolver problemas sociales.
Además, el desconocimiento que tienen sobre las leyes aplicables es notable, así como su desinterés por el respeto de los derechos de las personas en lo general y de las víctimas en lo particular.
Es evidente que ni el presidente de México ni el Secretario de Gobernación entienden ni quieren entender la realidad de las desapariciones en México. De acuerdo con cifras oficiales, hasta mayo de 2022, en nuestro país había un total de 100,000 desapariciones registradas.
Cifra que, si bien podría no ser del todo exacta en virtud de la falta de información y sistematización de los datos, sí refleja la terrible impunidad que se vive en el país. El número de niñas, niños y mujeres desaparecidas aumenta.
Además, la gravedad de la situación crece cuando los familiares (víctimas indirectas) de las personas desaparecidas, al hacer hasta lo imposible por encontrarlas, se enfrentan a la revictimización e indiferencia por parte de las autoridades.
Imagínense que por cada una de las personas desaparecidas existe un núcleo familiar que además de tener que sufrir la pérdida del ser querido, debe lidiar con la indiferencia de servidores públicos de todos los niveles al denunciar y durante la búsqueda.
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El gobierno simplemente no les cree, de hecho, es muy común que los encargados de proteger a las víctimas y de procurar justicia intenten vincular a la persona desaparecida con el crimen organizado, que argumenten que la víctima “se lo buscó” por andar en malos pasos o incluso que digan que las niñas seguramente “se fueron con el novio”, todo esto para no dar la importancia que cada uno de los casos amerita.
Es sumamente frecuente que, al presentar la denuncia por la desaparición de una persona, la familia no cuente con la asesoría jurídica que requiere. Servicio que debe ser prestado por parte de la autoridad. Los familiares llegan a presentar la denuncia en el desamparo total.
Es urgente que México lleve a cabo campañas informativas con la finalidad de que los ciudadanos sepan qué hacer ante un caso de desaparición pues la desinformación es demasiada y esto provoca dilación en los procedimientos.
Además, el gobierno debe implementar políticas públicas a nivel federal y estatal de prevención en las que se encuentren involucrados todos los actores y a todas las autoridades para poner fin a las desapariciones de personas y asegurar que las víctimas indirectas tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral, así como a las garantías de no repetición.
Pero lo más importante es que la autoridad confíe en las víctimas y en el sufrimiento por el daño causado. Es fundamental que tengan acceso a la atención que requieran, esto es psicológica, jurídica, de trabajo social, médica, etc.
El gobierno de López Obrador los ha abandonado a su suerte y los revictimiza y por si fuera poco Adán Augusto López está más ocupado haciendo campaña que protegiendo a las víctimas. Pasarán a la historia como el gobierno más insensible. Al tiempo…