La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se establece en el artículo 133 de dicho ordenamiento, es la Ley Suprema de la Nación, esto significa que contiene las normas primarias que deben regir a gobernantes y a gobernados y que no existe ordenamiento jurídico alguno por encima de ella. Para reformarla se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.
No obstante su nivel jerárquico e importancia así como el procedimiento que legalmente debe seguirse para que nuestra Carta Magna pueda reformarse, ahora, López Obrador, simplemente mediante un acuerdo o un decreto pretende modificarla para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Será ignorancia, desinterés, nulo respeto por las leyes y a la Constitución Mexicana o todas las anteriores?
Así es, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de marzo de 2019 quedó establecido a nivel Constitucional lo siguiente: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”. La supremacía constitucional es el principio básico de todo sistema jurídico, en ella se establecen las atribuciones y los límites de la Federación y al presidente de México eso le da exactamente lo mismo con tal de cumplir sus caprichos. No le importa hacer pedazos la Constitución.
Recordemos que la Secretaría de la Defensa Nacional es la instancia competente para la organización de las fuerzas armadas, por lo que resultaría totalmente incongruente y caótico pero sobre todo inconstitucional, ejecutar la idea de poner a la Guardia Civil bajo el mando militar.
Sería un acto arbitrario carente de legalidad y de legitimidad pues para modificar la Constitución y modificar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, el partido en el poder necesita algo que no tiene: la mayoría calificada en el Congreso.
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Imaginemos que no resultara necesario modificar la Constitución porque la Guardia Nacional, independientemente de estar adscrita a la Sedena, conservaría su naturaleza civil.
Si fuera así, es evidente que el Ejecutivo Federal no está previendo los problemas operativos y de competencia que se presentarían al dejar la operación de una corporación civil en manos de una institución de carácter militar.
Una de las consecuencias de esta decisión, sería la imposibilidad técnica y operativa para que tanto la Guardia Nacional como la Sedena estuvieran en posibilidad de tener un desempeño eficiente lo que afectaría a la ciudadanía que en principio tiene el derecho de estar protegida y segura. Son inciertas las condiciones en las que quedarían los elementos de la Guardia Nacional.
Querer utilizar estrategias de control y uso de armamentos propios del ámbito militar es sin duda una necedad más del presidente de México como tantas otras basadas en la ilegalidad y la corrupción de un presidente autoritario. Resultado del innegable fracaso de su deficiente estrategia en materia de seguridad pública.
Recordemos que de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, las Fuerzas Armadas únicamente pueden ser parte de las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a una corporación civil y no militar. Al tiempo…