Por supuesto que sí, en un país donde hay serios cuestionamientos en, prácticamente, todos los ámbitos de la vida pública no son ni deseable ni permisible este tipo de atentados contra un organismo constitucionalmente autónomo que está encargado de mantener los alcances de nuestra democracia con todo lo que ello implica, entre otras cosas, la posibilidad de una gobernabilidad que cada vez se va más de las manos de la administración actual.
Es frustrante que, cuando se trata del dinero público, es decir, del presupuesto de egresos, existe una tendencia actual en que se considera que el dinero es una vía para presionar a los demás entes.
Y se vuelve peor cuando el presupuesto en manos del máximo representante popular, el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, deja de ser un acto de soberanía y se vuelve una instrucción de otro Poder propiciando una invasión de facultades grave y peligrosa.
Está claro que el INE ha demostrado con hechos, con resultados y con su actuar desde su creación, que su función desde un origen ciudadano y dotado de autonomía, ha sido el vehículo más importante para acabar con cualquier intención autoritaria y ha permitido que las opciones políticas se presenten de mejor manera para la ciudadanía, legitimando, incluso, a quienes hoy se oponen a él y lo cuestionan.
Este tipo de prácticas de presión presupuestaria propiciarán que las funciones que tiene encargadas el INE se lleven a cabo de forma ineficiente y, ahora sí, tener elementos para criticar el actuar y encaminarse a la desaparición con el siguiente paso de absorber en el Ejecutivo la organización de las elecciones con el resultado que ya hemos vivido históricamente.
Debemos tener muy claro que estas lamentables acciones no son un atentado directo al INE, sino que es un golpe certero a la democracia que exigían y juraron defender, pero más allá de eso, es una clara afrenta contra el pueblo de México que ha exigido transparencia, legalidad y alejarse de regímenes autocráticos que han tocado la puerta últimamente.