Ante la inminencia de los procesos electorales que se llevarán a cabo en 2023 y 2024, es fundamental que el Estado mexicano asegure que existan organismos públicos autónomos robustos que fortalezcan una democracia participativa, como es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE).
Es necesario que nuestro árbitro electoral cuente con suficientes recursos que le permitan una actuación y cobertura sólida con miras a llevar a cabo procesos absolutamente transparentes y democráticos, no solo es un deber ser, sino una obligación ineludible.
Elecciones organizadas y confiables, con los recursos materiales y humanos suficientes, es la meta para que los ciudadanos puedan acudir de manera voluntaria y se sientan completameente seguros de que su voto será emitido en un ambiente confiable.
El gobierno federal plantea una reducción al presupuesto del INE, con lo no sólo se vulnera a ese organismo autónomo, sino a la democracia en general que hemos logrado construir a lo largo de tantos años.
El presidente López Obrador se equivoca de manera reiterada al intentar reducir, como una decisión política, los presupuestos de los órganos electorales. De acuerdo con su percepción, no existen criterios de imparcialidad en su actuar, pero tal parece que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, los embates son para los sectores que no se adecuan a sus lineamientos o a sus “caprichos” del momento.
Con su propuesta de reforma en materia electoral enviada a la Cámara de Diputados, López Obrador pretende enfrentar a todos los sectores por los que está conformado este país.
Reducir presupuestos y minar las actuaciones de los organismos que otorgan contrapesos, no augura un buen futuro para la democracia en México, por ello es urgente defender al INE desde todos los frentes y formando una alianza que contrarreste las malas decisiones.