Hace una semana el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014 fue un crimen de Estado y que no hay indicios de que alguno de ellos estuviera con vida.
En su momento, Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República aseguró que los estudiantes habían sido asesinados en el basurero de Cocula y sus cuerpos arrojados al río. Lo que implicaba que no había estudiantes con vida.
En principio, ambas versiones señalan lo mismo, es decir que de manera desafortunada no hay sobrevivientes y que el grupo delictivo Guerreros Unidos sería el responsable de los asesinatos de los estudiantes.
La llamada verdad histórica puede resultar chocante en su terminología. También lamentables fueron las formas del entonces procurador Murillo Karam al presentarla y al recordar la pifia al micrófono del “ya me cansé”. Todo eso es cuestionable y no se olvida.
El problema es que no hay nada nuevo en el resultado de las investigaciones que presentó el actual gobierno. A los familiares de los desaparecidos se les reiteró que, de manera lamentable, los estudiantes están muertos y que los restos de los cuerpos están desaparecidos, parece ser que jamás se podrán encontrar.
Esta administración no entregó un resultado distinto. Reiteró lo dicho por el exprocurador Murillo Karam y no aportó alguna prueba para conocer a los culpables o el paradero de los propios estudiantes.
Señalar como resultado de la investigación un crimen de Estado no es otra cosa más que una persecución política. Son dos cosas distintas, pues si dentro de la investigación anterior se encontraron irregularidades y procesos viciados, sobre ello se debe acusar a los exfuncionarios, no sobre la muerte de los desaparecidos.
Acusar a Murillo Karam sí, si fuera el responsable. Lo que es lamentable es que se acuse a funcionarios para tapar ineficiencias y eso sí es una constante de esta administración.