Lo ocurrido en la mina del Pinabete en Sabinas, Coahuila, el pasado 3 de agosto, en donde aún permanecen atrapados 10 mineros, es una muestra más de la corrupción y negligencia de la 4T, con un gobierno ineficiente al frente, que privilegia las complicidades antes que la seguridad de los trabajadores de ese sector.
Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno federal hizo oídos sordos a la petición de las familias de solicitar ayuda internacional para que se agilizaran los trabajos de rescate y se tuviera mayor oportunidad de hallarlos con vida.
No se trata de ir al lugar y tomarse una foto, como lo hizo el presidente López Obrador hace unos días. Retratarse con el dolor de las familias es sin duda un acto doloso que no repara ningún daño.
Lo urgente es que se utilicen todos los medios, nacionales e internacionales que se tengan a la mano, para lograr sacar a los mineros atrapados. Así como establecer un diálogo permanente con las familias y así darles la certeza de que se está haciendo todo lo posible para rescatarlos.
Con este terrible acontecimiento, suman al menos seis las tragedias mineras durante la presente administración.
El origen de estos accidentes tan lamentables es, en muchos casos, la obsesión por parte del gobierno federal de regresar a las energías fósiles. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha generado una demanda imposible de cumplir, lo que trae consigo un mercado irregular de extracción y venta.
Esto repercute en las condiciones inhumanas en las que los mineros trabajan, en las remuneraciones injustas que perciben y el riesgo constante que enfrentan.
PUBLICIDAD
Es evidente que muchas de las empresas que los contratan incumplen, en algunos los casos, con los estándares de protección y al operar al margen de la seguridad indispensable, ocasionan este tipo de lamentables acontecimientos.
Tanto en la Secretaría del Trabajo como la CFE, deben cesar de inmediato las complicidades, que sólo llevan consigo tragedias que ponen de luto a las familias mexicanas.