Este asunto es de lo más delicado por el simple hecho de involucrar vidas humanas, de gente trabajadora que se ganaba el sustento día a día en condiciones, de por sí, adversas y de enorme peligro para la salud y, por lo tanto, no puede ser politizado en ninguna circunstancia, pero ello no quiere decir que no señalemos las falencias de un evento con el único objetivo de evitar a toda cosa la repetición de estos hechos.
Es una realidad que la tardanza en pedir ayuda a especialistas de otros países que, además cuentan maquinaria e instrumental más sofisticado, es evidente y propició que las oportunidades de rescate se fueran diluyendo con el paso de los días sin que importara la vida de los mineros y la desesperación de las familias que se han mantenido vigilantes de las labores de rescate y han puntualizado peticiones ignoradas.
No queda duda que la forma de conducir la política exterior ha generado que, ante la incapacidad técnica, instrumental y falta de preparación del personal, los desenlaces de muchas tareas del Estado mexicano den como resultado tragedias o pérdidas irreparables en lo económico y en lo social. Es como si fuera más importante sostener el discurso que hacer las cosas de mejor manera.
Es momento de revisar las concesiones, pero también las supervisiones permanentes al sector minero porque, por la propia naturaleza de las tareas, se vuelve en una de las actividades económicas más peligrosas y, al mismo tiempo, lucrativas para quienes se ostentan como dueños de ellas.
Se cuestiona la política energética porque, justamente, esa dependencia de combustibles fósiles ha generado que se pongan a funcionar minas de carbón irregulares con la única finalidad de abastecer a CFE, por lo que urge hacer obligatorios y precisos los permisos de explotación.
Pensar en el pueblo de México es pensar precisamente en las personas trabajadoras de las minas, lo cual no sucedió en la prevención y, como hemos visto, tampoco en la solución.
Este tipo de tragedias que parecieran ya cotidianas al grado de desensibilizarnos o de verlas como una más en un país lleno de calamidades que pudieron ser evitadas con más inversión o más profesionalismo, no pueden estar sucediendo de forma tan seguida, ya que, más allá de responsabilidades hacia servidores públicos o empresarios, se trata de vidas humanas que se pierden desestabilizando familias enteras.
Debemos entrar de lleno a una regularización de esa industria y, al mismo tiempo, con una cultura de protección civil seria que capacite, que dote de equipo y que tome en serio un apartado que sufre mucho nuestro país a pesar de vivir tragedias naturales y humanas de forma permanente.