Las y los chilenos acudieron a votar el domingo 4 de septiembre, para aceptar o rechazar una nueva Constitución. La actual se redactó en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero tanto al final del régimen militar como en el periodo democrático experimentó numerosas reformas.
La llegada del presidente Gabriel Boric a la Presidencia estuvo impulsada por la búsqueda de un cambio constitucional; él fue protagonista en la firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, en noviembre de 2019. En octubre de 2020, un 78 por ciento de votantes respaldaron la idea de una nueva Carta Fundamental.
Este resultado tuvo un amplio apoyo de personas de centroizquierda e, incluso, de ciertos grupos de la derecha. Entonces, el “Apruebo” ganó en todas las regiones. Ahora el resultado fue opuesto.
Unos 15.1 millones de chilenas y chilenos estaban convocados a sufragar de manera obligatoria el domingo pasado; a las urnas acudieron más de 13 millones. Con el 99.9% de las mesas escrutadas, la opción del “Rechazo” obtuvo el 61.86 por ciento de los votos, versus el “Apruebo”, con un 38.14 por ciento.
Este resultado se asemeja a los porcentajes de aceptación del presidente Boric, por lo que analistas afirman que el ejercicio fue una suerte de evaluación sobre el desempeño del Gobierno del país sudamericano.
Por localidad, hubo un rechazo total al nuevo texto constitucional en 338 de los 346 municipios chilenos. Es de destacar la región de Ñuble, en el sur del país, que superó el 73 por ciento de votos en favor del “Rechazo”. Incluso en la Región Metropolitana de Santiago, la capital del país, el 55 por ciento de los votos fueron en contra del nuevo documento. En esa zona el dato resulta sorpresivo, dado el apoyo al entonces candidato Boric en las elecciones presidenciales.
Adicionalmente, el voto por el “Rechazo” prevaleció en localidades de todos los tamaños, aunque el texto generó menos apoyo en las comunidades más pequeñas. Hay cierto consenso respecto a que estos resultados superaron incluso las previsiones más pesimistas.
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Será tarea de analistas responder por qué el documento redactado por el órgano más democrático de la historia en Chile, que era paritario, estaba integrado con escaños para pueblos originarios y representantes independientes, no obtuvo el esperado apoyo mayoritario.
A mediados de 2021, la Convención comenzó sus trabajos con altos niveles de respaldo, pero paulatinamente lo fue perdiendo. El nuevo texto declaraba a Chile como un Estado con democracia representativa, con modalidades de participación directa; puso especial énfasis en los derechos sociales, la protección de la naturaleza, la descentralización del país y la paridad. Se le consideraba un texto muy progresista.
Especialistas ofrecen algunos elementos para explicar los resultados. El reconocimiento de los pueblos indígenas generó preocupación entre quienes habitan en la Araucanía y las regiones aledañas, que no tienen como prioridad la plurinacionalidad.
Las voces críticas consideraban también que se dañaba la independencia del Poder Judicial, y se señaló la ausencia de lineamientos sobre los partidos políticos y el sistema electoral. Algunos sectores advertían también sobre los riesgos de eliminar el Senado o que la extensión del texto abría muchos flancos de debilidad. Igualmente, la pobre representación de la derecha en el proceso tuvo un peso que pareciera determinante.
No obstante, en el ámbito académico se ha mencionado que este resultado no es un triunfo de la derecha, ya que el rechazo también provino de grupos de centro y centroizquierda, que cuestionaron la manera en que la Convención se condujo. Lo importante ahora será observar qué pasará en el futuro.
Tras los resultados, el primer mandatario convocó a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar los sucesivos escenarios legislativos. El objetivo será acordar con todos los partidos cómo dar “continuidad al proceso constituyente”.
Desde hace semanas, el presidente chileno ha insistido en buscar la unidad del país. Anteriormente, declaró que, en caso de ganar el “Rechazo”, preferiría no repetir un plebiscito, y que, en todo caso, optaría por convocar una segunda Convención Constituyente. Especialistas consideran que sería una buena oportunidad para el político, pues podría convertirse en defensor de cambios constitucionales específicos que lograrían el apoyo de los partidos, tanto de izquierda como de derecha.
Para seguir adelante, el presidente Boric necesitará dialogar con un Congreso muy fragmentado, en el que ni el oficialismo ni la oposición tienen una mayoría suficiente para imponer su visión. En esta tarea, habrá de prevalecer la búsqueda de acuerdos, para contrarrestar la polarización y, al mismo tiempo, avanzar en un documento que refleje la realidad política del país.