De acuerdo con la mayoría de los sondeos que se han hecho públicos, ocho de cada diez mexicanos desean que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Guardia Nacional sigan en tareas de construcción de paz y de respeto a la Ley.
La confianza que se tiene en ellas y en la recién creada Guardia es amplia entre las y los ciudadanos que demandan un entorno de tranquilidad en sus colonias, ayuntamientos y estados. No sucede lo mismo con las corporaciones policiacas estatales o municipales, que cuentan con una percepción negativa alta, que ha sido constante cada año.
Podemos señalar que se trata de una opinión, pero la sensación de seguridad se construye con muchos elementos que corresponden a la realidad y que termina por establecer un clima que puede o no coincidir con los números, aunque sí con el ánimo social que es necesario para empatar lo que se percibe con lo que sucede.
Por el lado legal, darle certidumbre a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad al inicio de esta administración, ha ayudado a que su imagen se fortalezca; lo que es un ingrediente indispensable para que la ciudadanía colabore con ellas y con el Estado. Los resultados de esas encuestas parecen confirmarlo.
¿Qué ocurre entonces en el debate público? Primero, que no coincide con la posición de la mayoría, sobre todo en ciertas regiones del país, que sufre los ataques de organizaciones criminales y la comisión de diversos delitos. Si bien se registran reducciones en la mayor parte de estos, en particular de los de carácter federal, todavía hay casi media centena de ciudades que concentran diversos actos de violencia y ahí la población demanda presencia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
PUBLICIDAD
Pero no son los únicos lugares, y mientras la formación y fortalecimiento de las policías de muchas entidades y municipios no se logró, a pesar de los ocho años que se invirtieron en procedimientos enmarcados en un nuevo sistema de justicia, por una falta de voluntad y de compromiso con una auténtica profesionalización, la gente pide que se logre la paz.
Ese es un enfoque diametralmente distinto al que se tuvo, porque se busca ganar, por medio de la justicia, una tranquilidad que se nos arrebató, porque se dejó correr un proceso de deterioro por la corrupción y la impunidad, que son condiciones sobre las que no se puede edificar nada que deseemos que perdure.
Se ha dicho muchas veces, y por eso lo menciono: en algún momento teníamos que empezar para que las causas de la violencia se combatieran y con ello la inseguridad. No iba, ni es, sencillo, pero era impostergable si queremos vivir en una sociedad pacífica, que rechace cualquier forma de agresión y colabore con autoridades que cuenten con legitimidad, además del respaldo de la Ley que aceptamos todos como código de conducta de nuestros actos.
Así que hablar de una supuesta militarización, nada más por un criterio de fobia o de politiquería, dejando a un lado las condiciones que antes, y ahora, exigen que mantengamos el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en este objetivo de paz, revela incongruencia y, peor, desconocimiento de lo que ocurre en muchas comunidades.
Los ciudadanos tenemos una obligación de presionar a las autoridades para que cumplan con las tareas que la Ley les establece y también estamos obligados a que esas disposiciones cuenten con la colaboración social que refuerce las normas y las convierta en comportamientos civiles que reduzcan las conductas antisociales.
Una mayoría coincide en que las instituciones de mayor confianza sigan aportando para ganar la paz, la estrategia de seguridad está fundamentada en esa meta y para alcanzarla se deben tomar decisiones y acciones que protejan el profesionalismo y la integridad de instituciones que han demostrado su compromiso con el país y con su sociedad, como no ocurrió con otras corporaciones policiacas. Eso debe estar por encima de cualquier interés particular o de grupo que tenga un fin distinto a que vivamos en las condiciones de seguridad que merecemos.