El paisaje era sombrío, ahogado en un silencio que dolía mientras se buscaban sobrevivientes, y consumido por una sensación de pérdida y duelo. Según la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno Capitalino, más de 300 personas perdieron la vida; 7,774 inmuebles se dañaron y más de 50 edificios colapsaron en el sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre de 2017.
A raíz del desastre reconocimos que, en parte, la responsabilidad recaía en los humanos, en vicios de construcción, en materiales inadecuados para un país ubicado en zona sísmica.
Las y los mexicanos sacamos, nuevamente como otro 19 de septiembre, pero de 1985, lo mejor de nuestra cultura cívica ante una tragedia: nos ayudamos y abrazamos. Todavía hay mucho que podemos hacer para prevenir esas situaciones.
Un ejemplo es el respeto a las reglas de construcción, el empleo de materiales adecuados para el número de pisos autorizados para un inmueble, equiparlos para responder ante emergencias y con zonas de seguridad debidamente ubicadas.
Requisitos que no cumplen quienes participan de la corrupción inmobiliaria que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda detectó y enfrenta con decisión. Hay, al menos, 69 edificios construidos de manera irregular que podrían representar un riesgo para sus habitantes en caso de un nuevo terremoto.
Denunciar estas irregularidades es un acto solidario que puede salvar vidas. Igualmente, lo es reportar remates inmobiliarios de edificios que resultaron dañados tras el sismo, pero que se ofrecen a precios muy bajos a pesar de que esto está prohibido en la Ley de Reconstrucción.
¿Estamos preparadas y preparados para una nueva eventualidad?
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En 1985 se crearon protocolos y estrategias para actuar en caso de sismo, aunque no fueron suficientes en 2017. Una síntesis clara y precisa de lo ocurrido entre esos años y nuestro presente la ha dado la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa: en el 85 no había preparación gubernamental para atender un sismo de ese tipo, y en el 17 el gobierno fue superado en recursos humanos, financieros y materiales.
Ahora existe un protocolo de Plan de Emergencia Sísmica de la CDMX, una alerta con cerca de 14 mil altavoces, simulacros como el que se realizará este lunes y planes familiares de protección civil, así como un Atlas de Riesgos público que ya no se queda en revelar las amenazas y peligros en el territorio, sino que suma las vulnerabilidades económicas, sociales, ambientales, jurídicas, urbanas e institucionales.
A nivel ciudadano, los reportes juegan un papel importante en la detección de bocinas en las que no se escucha la alarma sísmica, y las personas cada vez toman más conciencia de la importancia de participar, de manera formal y seria, en los simulacros. No solo se trata de estar preparadas y preparados, sino de honrar a quienes perdieron la vida con responsabilidad prospectiva.
La prevención es nuestra fuerza.