A finales de la semana pasada, se remitió al Senado de la República la minuta con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 26 de marzo de 2019, esencialmente, con la finalidad de que, durante los nueve años, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, con enfoque de respeto de derechos humanos.
Este tema ha dado mucho de que hablar, puesto que, en términos generales, la oposición no coincide, dado que, en su consideración, los militares no están capacitados para llevar a cabo tareas de seguridad pública, sobre todo si se considera que existen hechos lamentables de violación grave a los derechos humanos de la ciudadanía y de los pueblos indígenas.
El Titular de la SEDENA, señaló que la ausencia del marco legal correspondiente, trajo como consecuencia que los militares actuaran “al margen de la ley”, y como resultado de cumplir órdenes terminaron en prisión, así mismo, manifestó que si los militares regresan a los “cuarteles” podrían originarse problemas similares a cuando fueron sacados a las calles para encargarse de tareas de seguridad pública, por no contar con los ordenamientos legales correspondientes.
Considero que, los altos índices de inseguridad y delincuencia que vivimos las y los mexicanos, es un tema de la mayor importancia que amerita soluciones a corto, mediano y largo plazo, de ahí que, si el hecho de que el ejército siga apoyando durante este lapso de tiempo en funciones de seguridad pública, traerá como consecuencia que dichos índices se reduzcan, como lo he mencionado, en el GPPVEM apoyaremos este tipo de decisiones porque traen paz y tranquilidad para todos.