El jueves de la semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó, en nombre del presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) una propuesta de paz mundial para crear un espacio de diálogo y acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania.
Dicha propuesta sostiene que el gobierno mexicano ha mantenido una postura imparcial, poniendo las mediaciones por delante, sustentada en los principios previstos en la Constitución Federal en materia de política exterior: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza.
En este sentido, con independencia de si se aprueba, lo cual depende de factores externos a la voluntad del estado mexicano, me parece de suma importancia y trascendencia la buena intención de México al presentar dicha propuesta que sí es viable, dado que, precisamente, la Organización de las Naciones Unidas, nació en 1945, a partir de la finalización de la segunda guerra mundial, que tuvo su origen en las más grandes atrocidades y violaciones graves de los derechos fundamentales de la historia de la humanidad.
Este conflicto bélico trajo efectos y consecuencias innumerables, sobre todo pérdidas humanas que son irreparables; teniendo como objetivos primordiales: un mundo mejor, la paz, la seguridad, el reconocimiento de la dignidad intrínseca de las personas, el respeto a la libertad, así como la solución de los problemas entre los países que la integran, cuyo documento base es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, rectora de principios y derechos que deben protegerse en el mundo entero y elaborada por representantes de todas las regiones del mundo entre ellos: México.