El jueves de la semana pasada, se dio a conocer en los medios de comunicación, particularmente en “Latinus”, un “hackeo” (ataque cibernético) a los archivos de la SEDENA, habiéndose extraído, según lo informado, miles de documentos (seis terabytes), en donde se da a conocer, particularmente, el estado de salud del mandatario mexicano, así como la forma en que fue llevado a cabo el operativo “Culiacanazo”.
El presidente de la República, ya se pronunció señalando que no hay problema con la difusión de esta información porque nada hay que ocultar y es pública, sin embargo, a mi consideración, sí podrían existir implicaciones serias respecto de alguna información que se considere reservada o confidencial y que además contenga datos sensibles, de acuerdo con las leyes de la materia, pues su divulgación, en cierta medida no está autorizada y tiene razón de ser tal limitación.
Si bien es cierto que en estos tiempos nadie, ni personas ni entidades de gobierno, gozamos de garantías absolutas, para ser intervenidos en nuestra información cibernética, también es verdad que, tratándose de los sistemas informáticos a cargo del gobierno federal deben estar mejor resguardados, particularmente los de las dependencias que manejan información de seguridad nacional.
Aún con el principio de “austeridad republicana” que implica la reducción de las inversiones en ciberseguridad para la infraestructura de hardware y software, es muy importante que se invierta en este aspecto, pues, insisto, hay cierta información que no debe ser divulgada; la propia Constitución Federal nos reconoce el derecho humano de acceso a la información pública, que implica que las y los ciudadanos tengamos acceso a todo tipo de información en poder del gobierno federal, de las entidades federativas y de los Municipios; sin embargo, esta información tiene reglas para ser solicitada y proporcionada.