Los cambios en las dependencias federales deben entenderse como un proceso normal que suceden en cualquier gobierno. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que independientemente de las personas que ocupen su titularidad, su actuación está delimitada por el Presidente de la República y, por supuesto, por las políticas que instruye.
De esa forma, se mantiene la continuidad de los programas y acciones que tiene a su cargo cada dependencia.
Si bien es cierto que cada titular le imprime un sello personal, las políticas tienen un carácter institucional. En el caso del reciente cambio en la Secretaría de Economía es conveniente comprender que se trata de una dependencia pública con responsabilidades definidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En ese sentido, dentro de sus funciones esa Secretaría tiene la función de coordinar los esfuerzos para que las actividades industriales y comerciales se den en términos legales y garantizar que en el país la producción y abasto operen en condiciones adecuadas.
Un aspecto fundamental para ello es la interlocución que sostiene con las diversas representaciones empresariales para facilitar su labor y acordar las acciones necesarias para el funcionamiento de la economía.
En particular, el control de la inflación y el crecimiento corresponde a otras instancias como es el caso del Banco de México. Sin embargo, la Secretaría de Economía contribuye, en la medida de sus responsabilidades legales, a la consecución de los objetivos de la política económica del gobierno federal y de los que establezca el banco central.
En esta nueva etapa, seguramente se lograrán acuerdos positivos para las y los mexicanos mediante el diálogo y el acercamiento entre las autoridades y los sectores productivos; así lo han expresado las principales organizaciones empresariales.
Por ello, es de esperar que en los siguientes meses se continúen las acciones para controlar la inflación y acelerar el crecimiento económico del país, en beneficio de todos los mexicanos.