El propósito fundamental de la reforma constitucional al artículo quinto transitorio en materia de guardia nacional consiste en que el Ejército pueda participar en tareas de seguridad pública, mientras la nueva corporación termina de consolidarse como una organización de élite.
Sin duda ello, contribuirá a lograr la meta de recuperar la paz y la concordia en todo el territorio nacional.
La labor que realizan las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. En ese sentido, la ampliación del periodo para que el Ejército y la Marina intervengan en tareas de seguridad pública se da en un marco de certidumbre jurídica que hasta antes de 2019 no tenían.
Adicionalmente, las reformas aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión y que está siendo acompañada por los poderes legislativos de las diversas entidades, consideran recursos y acciones para que los gobiernos locales aceleren sus propios procesos de fortalecimiento de las policías estatales y municipales, dentro de un esquema de corresponsabilidad y transparencia.
Es indispensable que en cada orden de gobierno se asuman a cabalidad el mandato constitucional que les ordena proporcionar seguridad a todas las personas, con absoluto respeto a los derechos humanos. Se trata de un gran esfuerzo, pues en algunos casos las policías estatales y municipales requieren su refundación e incluso su creación, ya que no existen.
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En ese sentido, el apoyo que brindan las fuerzas militares permitirá que en un plazo razonable, en lo que toca a nivel federal, la Guardia Nacional se perfeccione en su organización y estructuras, además de que opere con altos niveles de capacitación, disciplina y enorme capacidad profesional.
Todo ello hará que México cuente con un cuerpo robusto y se devuelva la tranquilidad en algunas regiones del país que están siendo asoladas por la violencia y la comisión de ilícitos por parte de la delincuencia organizada.