Hoy en día la comunicación digital se ha convertido en una herramienta fundamental en todas las actividades humanas. Una gran parte de lo que hacemos pasa por el uso de computadoras o dispositivos electrónicos para procesar información o bien para hacerla pública e incluso para archivarla.
Se ha dado un tránsito inédito entre lo que es de o debe ser del dominio general y lo que debe conservarse en lo privado.
En este caso, las instituciones han puesto, como nunca, información respecto a sus funciones, pero como es natural hay datos que deben conservarse en la confidencialidad, pues están relacionados con aspectos sensibles que corresponden a la seguridad del Estado mismo.
En ese sentido, México cuenta con una amplia y robusta legislación para garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales y de las propias instituciones estatales con el fin de preservar la vida privada y la seguridad del Estado.
Esa legislación incluso va más allá debido a que está sancionado su vulneración y su mal uso en el Código Penal. Lamentablemente, a nivel global el hackeo o la intervención indebida e ilegal de los sistemas y archivos de las instituciones públicas se ha convertido en una práctica que por diversos motivos y fines realizan organizaciones para afectar la toma de decisiones o para utilizar esa información en beneficio de sus intereses particulares.
Si bien en México tenemos un cuerpo legislativo moderno y útil, es necesario revisarlo de manera integral para actualizarlo ante los acontecimientos de los que han dado cuenta los medios de comunicación en fechas recientes.
En su caso, habrá que considerar todos los ajustes que sean pertinentes para fortalecer la legislación y dotar a las instituciones públicas y a todas las personas para proteger los datos que están en su posesión y así preservar su seguridad y el derecho a la privacidad.