Los tiempos cambian rápidamente y la ley debe presentarse a la altura de las circunstancias de la realidad del mundo y en particular de nuestro país. Debemos siempre adelantarnos al futuro y no legislar apresuradamente para remendar fallas en el marco legislativo.
El gobierno mexicano y varias de sus dependencias han sido víctimas de ataques cibernéticos en donde se ha extraído información altamente sensible que podría comprometer el actuar de éstas.
De éstas filtraciones destaca la información extraída de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo por el volumen de información si no por la sensibilidad de la información expuesta que podría incluso resultar en situaciones que pongan en riesgo a la seguridad nacional.
Una vez que han sucedido estos accidentes, se han acelerado los trabajos para aprobar una ley de ciberseguridad que regule todo lo relativo a la materia y que determine un marco jurídico para evitar que vuelva a existir cualquier tipo de filtración de información clasificada por parte del
Gobierno mexicano.
Pero tan relevante como la creación de una ley en la materia es la asignación de presupuesto adecuado para la operación de estos sistemas.
Una ley de ciberseguridad requiere la participación activa de especialistas en la materia para no dejar cabos sueltos que resulten en una ley en desuso o incompleta de tal manera que más allá de ser una solución se vuelva un problema más para cubrir las deficiencias que estas pueda presentar en un mal escenario.
PUBLICIDAD
Es de alta urgencia legislar en la materia, pero es más importante presentar un marco jurídico de calidad que proteja la seguridad nacional.
Una vez que nos hemos visto vulnerados como nación se ha decidido dar pasos apresurados para legislar en la materia. Estamos ante un asunto que merece toda la atención y prioridad posible para el bien de nuestra gobernabilidad.