El “hackeo” (ataque cibernético) a los archivos de la Sedena, dado a conocer en semanas pasadas, en el que se extrajeron miles de documentos (seis terabytes), es considerado el más importante, precedido en 2019 por el de Pemex (el más grande en su historia), así como en este mismo año, el SAT, la Condusef y Banxico que fueron víctimas de ciberataques en sus respectivas páginas de internet.
Y la Secretaría de la Función Pública, en el que se expuso las declaraciones patrimoniales de 830 mil funcionarios. Lo anterior, significa que, en estos tiempos, nadie, ni personas ni entidades de gobierno, gozamos de garantías absolutas, para no ser intervenidos en nuestra información cibernética.
De ahí que, es importante que, en nuestro país, por una parte, se creen los ordenamientos legales que se adecuen a las realidades imperantes y se adecuen a las necesidades de la sociedad, en este caso, es indispensable la expedición de una Ley de Ciberseguridad, que tenga como finalidad garantizar la seguridad cibernética de la ciudadanía y de las instituciones gubernamentales (es un asunto de seguridad pública y nacional).
Puesto que es evidente que las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes, complejas y destructivas, y atentan contra derechos humanos como la vida, la integridad, la salud, el patrimonio, los activos de información, la privacidad, la reputación y, las consecuencias que genera, pueden ser muy perjudiciales para la sociedad en general.
Sobre todo, por la desinformación que se genera a partir de estos hechos y, por otra parte, se implementen las políticas públicas que involucren a las tecnologías de la información y comunicación, la rendición de cuentas.
En el Senado de la República ya trabajamos en una ley de este tipo, para proteger la información de las dependencias públicas, así como de las instituciones privadas, económicas y financieras.