A finales de la semana pasada, se aprobó en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2023, destacándose, por una parte, el aumento en diversos programas sociales de la Secretaría de Bienestar, particularmente el de pensión para personas adultas mayores y para personas con discapacidad.
Por otra parte, la reducción de los respectivos presupuestos de los organismos constitucionales autónomos (Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)), así como a los Poderes Judicial y Legislativo federales.
Al respecto, debo decir que, desde que comenzó la presente administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los principios primordiales que rigen su política económica, es el de austeridad, que implica, la reducción de gastos “innecesarios”, en muchos rubros de la administración pública federal, con la finalidad de liberar fondos al desarrollo social y entregar recursos a las y los mexicanos que más lo necesitan.
En este sentido, a mi juicio, la reducción de presupuesto para los organismos constitucionales autónomos obedece a la austeridad del gobierno y no implica, por ese sólo hecho, que se afectará la operación de éstos (por ejemplo, el INE, llevó a cabo el proceso de revocación de mandato del presidente de la república, con racionalidad de recursos y transparencia).
De ahí que los recursos económicos que se otorgaron deben ser racionalizados con la finalidad de gastar exactamente lo que se necesite para los efectos correspondientes, nada de más, recordando que las y los mexicanos vivimos tiempos difíciles en materia económica y dificultad en satisfacer las necesidades más básicas.