Desde 2018, hicimos una propuesta, la cual fue aprobada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para reducir los gastos de las diversas instituciones que conforman el Estado mexicano, incluidos los tres poderes, así como los organismos constitucionales autónomos.
Se trata de terminar con un régimen de privilegios que se fue construyendo a lo largo de más de dos décadas, que lastimaban y ofendían a una población empobrecida, de la cual no fue posible transformar su inaceptable condición de carencias.
Ese modelo de privilegios lo que propició fue la profundización de las desigualdades con una burocracia dorada. La Ley de austeridad republicana a la que todos estamos obligados en cumplir, debe reflejarse cada año en el presupuesto de egresos de la Federación.
Esas normas legales lo que garantizan es que no haya excesos en el gasto público y que las instituciones funcionen con normalidad.
La labor que se está realizando en la Cámara de Diputados es un ejercicio de racionalidad para que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan y para que todas las personas puedan ejercer plenamente los derechos que la Constitución les otorga.
Las y los legisladores tienen la enorme responsabilidad de aprobar un presupuesto federal, propuesto por el gobierno de la República, que se surja primordialmente del principio de justicia y equidad.
En ese sentido, debe existir confianza que la mayoría de las y los diputados aprobaron un presupuesto de gastos con un enfoque esencialmente social. Todas las instituciones y, en este caso, los organismos públicos constitucionales autónomos contarán con recursos suficientes para que puedan desarrollar sus actividades de manera normal.
Deberán hacerlo sin excesos, sin privilegios y ajustados a una realidad en la que debe prevalecer el sentido de eficiencia, equilibrio, transparencia y, por supuesto, de austeridad para garantizar el cumplimiento estricto de sus responsabilidades legales.