El pasado domingo 13 de noviembre, se llevaron a cabo diversas “marchas” en nuestro país, en donde miles de ciudadanas y ciudadanos salieron a las calles con la finalidad de manifestarse en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.
La propuesta, esencialmente, plantea la desaparición de las dependencias electorales estatales, la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la elección de los integrantes del organismo electoral por elección, así como la desaparición de los legisladores plurinominales que son electos mediante listas regionales, lo que implica, modificar algunas disposiciones de la Constitución General de la República y diversas leyes reglamentarias.
El mandatario mexicano se pronunció, señalando que los asistentes a la movilización, en el fondo, salieron a manifestarse “en contra de la transformación que se está llevando en el país”, haciéndolo a favor “de los privilegios, de la corrupción, del racismo, del clasismo y de la discriminación”.
Además, invitó a la ciudadanía a marchar el próximo domingo 27 de noviembre, con motivo del cuarto año de su gobierno y como un movimiento popular.
Debo resaltar que, en México la libertad a manifestarse libremente está reconocido como un derecho humano de las y los mexicanos en la Constitución Federal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este contexto, más allá de si el movimiento convocado por el titular del ejecutivo federal es una respuesta a la diversa manifestación en defensa del INE, será importante verificar si la gente, de alguna manera, también está conforme con lo que se ha hecho en estos 4 años de gobierno, pues, finalmente, la reforma electoral corresponde al Congreso de la Unión analizarla, discutirla y, en su caso, aprobarla, ante lo cual estaremos trabajando, siempre, en favor de las y los mexicanos.