Los intentos por capturar al árbitro electoral siguen. La ciudadanía y la oposición no deben bajar la guardia. Al no poder pasar en la votación del pleno de la Cámara de Diputados el Plan A, o bien llamada reforma electoral, se llevó a cabo en la madrugada del miércoles 7 de diciembre, en el mismo pleno, el Plan B o modificación de leyes secundarias del marco jurídico electoral.
¿Por qué se le llama Plan B? Porque estas modificaciones no necesitan una mayoría calificada para aprobarse, a diferencia de una reforma electoral, que sí implicaba cambios en la Constitución Política de México. Es su segundo “plan” u oportunidad por capturar al árbitro electoral.
El Plan B, por supuesto, ha sido por instrucción del presidente, a quien no le pueden salir con el cuento de que la ley es la ley. Ahora resulta que tampoco se le puede salir con el cuento de que el estudio de la ley es el estudio de la ley, puesto que ni siquiera hubo una revisión minuciosa en las Comisiones respectivas de la misma Cámara de Diputados.
En una apurada sesión, los integrantes del partido del presidente y sus aliados la votaron y aprobaron: 307 páginas con 156 artículos de 3 diferentes leyes, que los diputados no pudieron analizar de lo que ahí se estaba votando.
A continuación analizaré también fast track los puntos que considero más descollantes y preocupantes de estas leyes secundarias aprobadas:
Más y más recortes en el INE: retabulación de salarios para que ningún consejero gane más que el salario del presidente de la República, en su continua paranoia comunista e hipócrita, puesto que son demasiados los legisladores del régimen que por ley si se pueden desempeñarse en otras cuestiones y negocios, por lo que, por supuesto, ganan mucho más de lo que en teoría gana el presidente.
De igual forma, se eliminan seguros de gastos médicos mayores e insta a que todos los trabajadores a que sean considerados en el régimen de confianza e inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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La estructura del INE se reduce. Desaparece la Secretaria Ejecutiva y el Servicio Profesional de carrera. Prácticamente quieren desaparecer al brazo operativo del INE y atajar los conocimientos técnico y jurídico que distingue a quienes son parte del mismo.
Se planteó también que sus órganos distritales pasen de 300 a 260 en todo el país y que tengan carácter temporal y no permanente. Esto es más de la austeridad, impulsada por la 4T, que defiende que el paquete en el organismo representa un ahorro de al menos 3.500 millones de pesos: nada en comparación de sus proyectos faraónicos.
De las faltas más graves que se propusieron: el árbitro electoral ya no podrá retirar candidaturas ante faltas graves ni castigar actos anticipados de campaña, considerando que se considera propaganda política.
Los consejeros electorales tendrían menor facultad para interpretar la ley en cuanto a sanciones, al tiempo que se acotan las facultades de sanción del INE y del Tribunal Electoral, y los márgenes de lo que puedan decir y pregonar los políticos se amplía.
Por otro lado, pretende ser más severo con quien intente condicionar el voto de los ciudadanos con dádivas o dinero. Puro populismo punitivo.
Al menos, este Plan B tiene tuvo menor margen de acción, ya que no habrá reducción en el número de diputados y senadores como se proponía en la reforma electoral (Plan A). Asimismo, el que los consejeros electorales fueran elegidos por la ciudadanía, prestándose a actos demagógicos y populistas.
Esto apenas empieza, en las próximas semanas veremos cómo se irá desenvolviendo todo este embrollo. Además de esto, en el próximo año habrá elecciones en Coahuila y en el Estado de México, y otros Planes C y D, ya que también se renovarán 4 de los 11 asientos de los integrantes del Consejo General del INE, incluido su presidente. Y por supuesto, la madre de todas las batallas, la elección presidencial de 2024 y la renovación de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
No podemos bajar la guardia ante lo que viene, este apenas es el Plan B de la intención de la 4T de arraigarse en el poder. Por parte de Movimiento Ciudadano ya se han presentado acciones de inconstitucionalidad y se seguirá demostrando que la verdadera alianza es con la ciudadanía y el régimen democrático que prevé la existencia de Instituciones autónomas como contrapeso al poder que se quiere extender por el poder mismo.