Las chelerías forman parte de un paisaje urbano convertido en trending topic del cual no podemos sustraernos, pero sí asumir con responsabilidad personal e institucional.
En tianguis, puestos semifijos, tiendas de abarrotes o casa habitación, estos locales ocuparon el espacio que durante la pandemia dejaron vacante los bares, y ahora, aun en el restablecimiento de las actividades comerciales y sociales, conservaron y popularizaron su operación.
Aun sin generar, aparentemente y en primera instancia, un perjuicio en la comunidad, su apertura implica, en muchos casos, un ocultamiento —al menos administrativo porque son plenamente localizables hasta por redes sociales— de las autoridades hacendaria, sanitaria, de protección civil y seguridad.
Licua, kitty, tutsi, crayón, copa... El nombre dado por la forma del recipiente, acompañado del subfijo “chela”, moldea una serie de bebidas alcohólicas, cuyo consumo y venta en la vía pública, como lo ha mencionado la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, es responsabilidad de las alcaldías, en su regulación y control.
Entre los principales problemas asociados a las chelerías están la venta de alcohol adulterado y drogas, o la posibilidad de generar riñas y afectaciones a los vecinos de los lugares donde se instalan. Además, son susceptibles para que menores de edad consuman bebidas alcohólicas sin restricciones.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 13.5% de la población adulta consume al menos una copa de alcohol a la semana, y los Centros de Integración Juvenil ubican que el 53% inició en el consumo antes de los 18 años.
Los reportes atendidos en la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, del Consejo Ciudadano de la CDMX, indican que entre los principales delitos relacionados con las chelerías están la venta de alcohol a menores de edad, con 28%, con 24% los conflictos en la vía pública, 19% venta de droga, 12% consumo de drogas, entre otros.
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Los cerca de 400 casos recibidos este año revelan una tendencia a la baja, pero un mayor número de quejas se podría presentar de las fiestas de fin de año.
Si estos establecimientos no violaran la ley y se definieran como lugares de convivencia, no habría mayor problema, pues son soporte de la economía de las familias que deciden instalarlas.
La proliferación demanda control, principalmente por las actividades ilegales que se pueden registrar alrededor de ellas. Se trata de integrarlas a un orden legal que garantice la seguridad y certeza en la venta de las bebidas.
Desde la ciudadanía implica responsabilidad en las conductas asociadas al consumo de alcohol, para llevar la fiesta en paz.