Es verdad que toda ley es perfeccionable pero también es verdad que en las últimas tres décadas nuestro país ha sido testigo de grandes avances legislativos en cuanto a distintas autonomías, derechos humanos y materia electoral, por mencionar algunos.
En materia electoral hemos transitado desde una simulación de la democracia en la década de los años ochenta, hasta unas elecciones que no sufrieron una sola impugnación como sucedió en los comicios del 2021.
Llegará el turno de las siguientes elecciones federales en el 2024 en donde estará en juego la elección de la totalidad de los legisladores federales, diversas gubernaturas en el país y la tan ansiada silla presidencial, que a la fecha ha despertado disputas internas en los partidos políticos, en particular en el partido en el poder que ha decidido llevar a cabo un larguísimo e informal proceso de elección del candidato a la presidencia.
El marco en jurídico en materia electoral es muy claro en cuanto a lo que se puede o no hacer en periodos electorales, sin embargo, cada vez nos es más claro que el valor punitivo de este no es suficiente para que los aspirantes cumplan a cabalidad los tiempos de campaña y las maneras de hacer campaña.
Estamos siendo testigos de actos anticipados de campaña en flagrancia sin que los responsables o beneficiarios sean responsables de estas acciones que, en el mejor de los casos, rayan en la ilegalidad.
Está aun en el proceso legislativo la reforma electoral que, en vez de perfeccionar la materia electoral, resultaría en una regresión en el tiempo de lo conseguido en las últimas décadas en esta materia.
Se desperdició el tiempo y el debate para poder perfeccionar este marco jurídico que pudo servir para eficientar el sistema electoral o establecer sanciones ejemplares para quienes realicen actos anticipados de campaña que no garanticen un piso parejo para todos los aspirantes a cualquier cargo público obtenido mediante elección popular.
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Más allá de la ley, los aspirantes a una candidatura presidencial se han mostrado irrespetuosos de los procesos y de la ley, buscando lagunas jurídicas para sacar ventaja de ellas y minimizando cualquier sanción que puedan emitir ya sea el Instituto Nacional Electoral o en su caso el Tribunal Federal Electoral.
La ciudadanía debería contemplar este tipo de prácticas al margen de la ley en el momento de emitir su voto y deberíamos exigir candidatos con mayor integridad durante los procesos electorales.