Como lo hemos señalado en diversas ocasiones la relación entre México y Estados Unidos tiene una enorme complejidad tanto por la variedad de temas como por la profundidad y retos que significa.
En ese sentido, a lo largo de nuestra historia común como naciones independientes desde hace más de dos siglos se han presentado los más diversos asuntos y oportunidades que debemos resolver, entre ellos se encuentran los de carácter económico, social, político, diplomático, etc.
Precisamente, en ese contexto desde el domingo pasado se reúnen los presidentes de Estados Unidos y México, junto con el Primer Ministro de Canadá para analizar cuestiones de trascendencia para nuestros pueblos como la relación comercial, la migración o el medio ambiente.
Sin duda, la aprehensión de una persona con fines de extradición forma parte de la relación cotidiana que mantenemos, en este caso, entre México y Estados Unidos.
Es un asunto que tiene que ver más con un proceso judicial que con aspectos de otra naturaleza. Ambos países tienen desde hace muchas décadas un acuerdo para atender ese tipo de cosas.
Se trata de una cuestión que pasa necesariamente por la aplicación de las leyes y por el Estado de Derecho que le corresponde atender a las autoridades jurisdiccionales. Es decir, en este momento, es de estricta competencia del Poder Judicial.
Por supuesto, que la aprehensión implicó la colaboración con el Poder Ejecutivo, el cual llevó a cabo el operativo, encabezado por distintas dependencias del área de seguridad.
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Por todo ello, debe entenderse que la detención de esa persona y el consiguiente proceso a que se encuentra sujeto está al margen de la relación político-diplomática entre los dos gobiernos y que en ningún caso existen condicionamientos que involucren otro tipo de aspectos.
Se trata, en suma, de una cuestión exclusivamente jurídica que debe ser resuelta por los responsables de la procuración e impartición de justicia con apego a Derecho, tal y como está sucediendo.