Las autoridades de los tres órdenes de gobierno están rebasadas: el crimen organizado se está apoderando del territorio nacional, según el reporte Incidencia Delictiva del Fuero Común CNSP/38/15 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con fecha de corte al 30 de noviembre de 2022 en el país se ha cometido 24,100 homicidios dolosos, de los cuales 16,711 han sido con arma de fuego.
Esto quiere decir que los elementos del mismo crimen organizado, los verdaderos enemigos del Estado, están inmiscuidos no sólo en las calles vendiendo drogas que enferman y erosionan el tejido social, sino que también están en el comercio, en las corporaciones policiales, en las dependencias gubernamentales e, incluso, en las escuelas.
Ameritamos con urgencia ayuda internacional y trabajar todos unidos por restaurar la paz a México, con independencia de filias y fobias e ideologías políticas.
El crimen no se puede seguir mejor organizado que la ciudadanía. Grandes civilizaciones, que hoy se erigen como naciones, han dado el ejemplo de que la sociedad bien organizada es la que produce cambios contundentes, o bien, que los acuerdos que repelen la violencia son aquellos donde la paz es el fin único y universal.
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Véase la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inició como un pacto para evitar que atrocidades como el holocausto volvieran a repetirse o la Corte Penal Internacional, en dónde se exponen y someten a juicio las arbitrariedades de los gobiernos.
Aquí en México hay asociaciones civiles que reúnen información relevante para diagnósticos y pronósticos de la situación en materia de seguridad, así como para realizar investigaciones profundas respecto a delitos. A ellas son las que hay que fortalecer para que analicen medidas preventivas y de contención.
Por otro lado, deben de sumarse esfuerzos también con las asociaciones municipalistas que sí le dan atención a los modelos que ha depuesto el mismo SESNP, tales como el Modelo Óptimo de la Función Policial (MOFP) y el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), ya que un gran factor impelente de la criminalidad es la opacidad y corrupción que ha contaminado nuestras policías municipales, la primera línea de batalla contra el crimen.
Es la policía la que puede resolver cuantías menores en los Juzgados Calificadores, que en este caso concreto ya están dando sus primeros pasos para migrar a los Juzgados Cívicos con el MNPJC y, con eso, lograr descargar el trabajo para que el Ministerio Público se avoque a la investigación de los delitos de alto impacto.
Ya que según el Informe Mundial 2023 de Human´s Right Watch, el 90% de los delitos quedan sin resolver, es decir, reina la impunidad. Todo esto amerita que líderes y lideresas de todos los ámbitos (deporte, cultura y economía, etc.) ayuden y se involucren en la verdadera búsqueda de la paz y progreso social.
Además, tomemos el ejemplo de Yucatán, cuyo sondeo respecto a la percepción de inseguridad que se hace en su capital por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, muestra que el 29.1% de sus habitantes perciben su entorno como inseguro, cifra bastante menor comparando con el 64.4% que promedia el país según la misma encuesta.
Esto es, entre muchos aspectos, por el hecho de que sí hay continuidad en los programas que han dado resultados y a la activa participación cívica: las personas se preocupan y cuidan su entorno.
Es de capital importancia también que sus gobernantes y equipo de trabajo no se permiten curvas de aprendizaje y que están en actualización y profesionalización constante. Eso es justo lo que tiene que replicarse en el resto de las entidades del país, a través de mesas de análisis, consensos y políticas públicas enfocadas a resolver las problemáticas complejas.
Lo anterior con ayuda internacional son el principio de la reestructuración social. Recordemos también que la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México estuvo durante mucho tiempo bajo el paraguas de la Iniciativa Mérida, a partir de 2007, e involucró $3.3 mil millones de dólares en asistencia de seguridad de Estados Unidos a México.
Después, en 2020, dicha relación bilateral se puso tensa, pero según la Americas Society Council of the Americas, “en octubre de 2021, los dos países lanzaron el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel (HLSD) y dieron a conocer el reemplazo de la Iniciativa Mérida por el Marco del Bicentenario para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras, con tres objetivos generales: proteger a los ciudadanos de ambos países, prevenir el crimen transfronterizo y desmantelamiento de redes criminales”.
Un servidor considera la seguridad individual y familiar cómo el pilar fundamental del progreso social. En la medida que se ha decidido participar en política y conocer las realidades de México, se considera a la inseguridad como el cáncer a combatir, y ya no veo más esperanza que la unidad, el consenso y el contribuir con diagnósticos, mesas de diálogo, estrategias y propuestas por el país que merecemos.