De acuerdo con la organización Aldeas Infantiles, cada año más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México.
La Fundación Pas ha evidenciado que el 90 por ciento de las víctimas de abuso sexual infantil en el país nunca habla de lo que les pasó. En el 80 por ciento de los casos, el agresor es un familiar; y en el 90 por ciento, la niña, niño o adolescente, conoce al agresor.
La violencia sexual infantil lejos de disminuir en el país, cada día va en aumento, pues durante las restricciones por la pandemia por la Covid-19, los casos de abuso sexual en infantes y adolescentes se agudizó.
Es por eso que presenté una iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia Social, para que cualquier niña, niño y adolescente que sea víctima de abuso sexual infantil, reciba servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.
Si bien la Ley de Asistencia Social señala que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones
físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados, no se específica para quienes son agredidos sexualmente.
La iniciativa que se encuentra en las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar social y de Estudios Legislativos del Senado, pretende establecer el derecho a una atención integral gratuita para las niñas, niños, adolescentes, y cualquier individuo que sufra abuso sexual.
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La Ley establece que la atención será proporcionada por las dependencias competentes del Ejecutivo que forman parte del Sistema Nacional de Salud (instituciones de seguridad social), y del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; así como los sistemas estatales de salud en lo relativo a su régimen local.
Los responsables de hacer valer la asistencia social son la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de acuerdo a la Ley.
La asistencia social sirve para que toda la población goce de los mismos derechos y oportunidades, salvaguardando y procurando resarcir los derechos vulnerados, como ocurre con los miles de menores y adolescentes que sufren violencia sexual.
Con la reforma a la Ley de Asistencia Social, también se busca inhibir, perseguir, sancionar y resarcir, el abuso sexual del que fue víctima una niña, niño o adolescente.
No podemos permitir que el silencio por vergüenza al “qué dirán”, deje en libertad a los agresores sexuales. Romper el silencio es acabar con la impunidad de la que goza un depredador sexual. Un abusador en libertad ataca al menos 60 veces en su vida, es decir, agrede a 60 niñas, niños o adolescentes. Hoy como nunca denunciemos y cerrémosle el paso a un agresor sexual.