A finales de 2022, en el Congreso de la Unión aprobamos distintas modificaciones a diversos ordenamientos legales, secundarios, en materia electoral.
Esencialmente, se ampliaron derechos políticos; cambios en la organización, estructura y funcionamiento de las autoridades administrativas del INE y los OPLE, así como en el funcionamiento de las autoridades jurisdiccionales en esta materia.
Destaco, por una parte, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que la reforma electoral “Plan B”, plantea, en términos generales, que haya austeridad y no se gaste tanto.
Por otra parte, el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, considera que los cambios legales dinamitan las elecciones y atentan contra los principios democráticos de equidad, imparcialidad, legalidad para llevar a cabo elecciones libres y secretas y, finalmente, los consejeros del INE ordenaron a la Secretaría Ejecutiva presentar los recursos legales, dado el alto riesgo en la elección del 2024.
Además, existen opiniones en el sentido de que la llamada reforma “Plan B en materia electoral”, viola diversas disposiciones de la Constitución General de la República.
Por lo que, la oposición ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un “paquete” de acciones de inconstitucionalidad en contra, particularmente, de la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Quiero ser muy puntual, por una parte, esta reforma NO pone en riesgo la elección del 2024, dado que lo que mandata la Carta Magna está intacto, es decir, no ha sufrido modificación alguna.
Y, por otra parte, considero que el tema que nos ocupa, mucho se definirá al resolverse los distintos medios de defensa (acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y juicios), interpuestos en contra de las reformas a los ordenamientos legales de referencia; pues su resolución implica si se contraviene o no la Constitución Federal.