El tema de las causalidades siempre ha sido discutido al grado de señalarse qué no todas las razones jurídicas y de hecho para anular una elección están en la norma, es por ello qué el Tribunal Electoral ha tenido qué realizar una interpretación conforme de la Constitución Federal con todos los principios qué en ella se insertan desde la visión democrática qué rige a nuestro país.
Entre todos los defectos de esas modificaciones legislativas qué se ha dado en llamar Plan B, el cual surge debido al excelente trabajo de la oposición de no dejar pasar una iniciativa constitucional regresiva, antidemocrática y autoritaria, se encuentra el apretar financieramente al INE hasta entorpecer sus facultades y, entonces sí, salir con el discurso de la inoperancia e ineficiencia del Instituto.
Si bien no lograron eliminar áreas sustancias y facultades a través de la reforma constitucional, que sigue siendo base de la materia electoral, entonces modificaron la organización quitando personal y eliminando áreas completas lo que provocará qué no se cumplan ni tiempos, ni infraestructura para las elecciones, ni conteos eficientes.
Para dejar la posibilidad de anular la elección si los resultados no son favorables a quienes hoy ostenta el poder y que años atrás luchaban para tener un organismo como el que hoy hemos construido.
No sólo se trata de si ven pérdida o no la elección, esto ya es una cuestión de darle la espalda al pueblo de México qué soporta gracias a las instituciones democráticas que le respaldan y que con esta decisión se les hace a un lado a sabiendas que ni siquiera van a poder emitir su voto como lo viene haciendo un par de décadas.
Aunque vedado este un ataque a la democracia como hace mucho no se veía en el país.