El hecho de que en este gobierno morenista abunden las mentiras, los engaños y sobre todo los abusos hacia los ciudadanos no es ninguna novedad. Desde su campaña y ondeando hipócritamente la bandera de “combate a la corrupción”, López Obrador ha llevado a cabo una serie de acciones inexplicables.
Sin lógica, sin motivos válidos y sin legalidad pero sobretodo con consecuencias graves para la gente y todo, absolutamente todo para satisfacer sus ilógicos caprichos. ¡Indignante!
Como una de las decisiones más torpes que se han tomado durante este sexenio bajo el pretexto de “combatir la corrupción” está la cancelación, en 2019, del aeropuerto de Texcoco que de acuerdo con información proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno.
Además, esa medida causó de manera inmediata un desplome de la inversión privada y enseguida del consumo, originando consecuencias políticas, económicas y sociales irreparables. Pero eso no importa, el inquilino quería a como diera lugar su aeropuerto en Santa Lucía.
Como era de esperarse, el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) no resultó ni atractivo ni conveniente para nadie. Un fraude en toda la extensión de la palabra pues durante su edificación reinaron la opacidad y la corrupción.
¿Cuál transparencia? Ninguna, al contrario, direcciones falsas, contratación de compañías dedicadas a otros rubros, contratos sin licitación, empresas fantasma así como un sin límite de irregularidades jurídicas y financieras que han ido saliendo a la luz. ¡Pura corrupción y opacidad!
El AIFA es un fracaso más de este sexenio por lo que el inquilino de Palacio no se ha cansado de presionar y amenazar a las aerolíneas para que utilicen sus instalaciones. Sin embargo, ante su frustración por su nulo poder de convencimiento presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para que en México se permita el cabotaje aéreo.
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Esto con la finalidad de incrementar las operaciones en el aeropuerto de Santa Lucía, cueste lo que cueste y sin escuchar a los sectores que se verían impactados negativamente por esta situación.
Finalmente y continuando con la necedad de que se utilice su aeropuerto, el pasado 2 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial para sacar el servicio de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) otorgando a las compañías de carga únicamente 108 días hábiles para mudarse a otro aeropuerto lo que traerá consecuencias importantes para la cadena de suministro.
De acuerdo con lo señalado por la Cámara Nacional de Aerotransportes, el sector aéreo requiere mínimo de un año para concretar el cambio pues al afectarse la cadena de suministro impacta también en la competitividad de la industria perjudicando empleos directos e indirectos.
Definitivamente, este gobierno una vez más está en contra de los mexicanos pues estas medidas parecen una venganza porque las líneas aéreas y empresas de carga no se doblegaron a la voluntad del presidente ni cedieron ante sus amenazas. ¡Cuánto autoritarismo! Al tiempo…