Uno de los tantos pendientes que nuestro país tiene, es legislar en materia de ciberseguridad. Nos encontramos en una época en la que muchos de los delitos comunes se configuran a través del ciberespacio y México se queda atrás en la adaptación a las nuevas tecnologías no solo en su aplicación si no también en la prevención, erradicación y sanción de las malas prácticas que ocurren día a día con el uso de las tecnologías de la información.
De los males el menor, se ha prevenido anteriormente sobre las vulnerabilidades en nuestro país en asuntos de ciberseguridad, fue en febrero del año pasado cuando la Auditoría Superior de la Federación advirtió a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las posibles vulnerabilidades en materia de ciberseguridad que podrían comprometer la información clasificada por las autoridades como ocurrió con los “Guacamaya Leaks” hace algunos meses.
En términos legislativos, en 2021 se tuvo la intención de legislar en la materia con un dictamen que no prosperó por considerarse riesgoso para la libre expresión en medios sociales y plataformas digitales.
Actualmente se conocen hasta 15 iniciativas en pausa presentadas por senadores y diputados federales que contemplan la creación de una Ley Federal de Ciberseguridad, así como modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La ausencia de este marco jurídico en la materia ha ocasionado que nuestro país sea el primer lugar en fraudes en línea en Latinoamérica, con un incremento del 140% durante el 2022, ya que países de la región han ya tomado cartas en el asunto para proteger a los consumidores de este tipo de delitos, como es el caso de Brasil o Chile. Nuestro país cuenta con un padrón de internautas que requiere de alta protección para llevar a cabo operaciones seguras en el ciberespacio.
En respuesta a más de 80 mil millones de ciberataques a personas físicas, morales e instituciones públicas, se presume que en la primera mitad del año en curso, aprobaremos en ambas cámaras el marco jurídico que busque proteger a toda la ciudadanía de ciberataques y que nuestro país deje de ser altamente atractivo para los hackers que buscan delinquir y gozar de impunidad por falta de controles y sanciones correspondientes.
Ahora bien, habrá que dar seguimiento a los presupuestos destinados a la ciberseguridad en los próximos años.