El anonimato representa la comodidad de los delincuentes.
Ante los agresores sexuales, cobijados en una cultura machista que normaliza la violencia, resulta fundamental empoderar a las víctimas, impulsar herramientas que les ayuden a hablar, denunciar y exhibir a los victimarios.
A finales de la década pasada, en redes sociales, mee too —detonado por actrices abusadas por el productor Harvey Weinstein— se representó como la justicia virtual que exhibió a los perpetradores y, en algunos casos, condujo a procesos penales.
Ahora, en promedio y según los datos oficiales, en México cada día se abren 31 carpetas de investigación por acoso sexual, 19 por abuso sexual y 10 por violación.
Frente a esa realidad hay herramientas que fortalecen la prevención y posibilitan la justicia: la línea *765, impulsada en la CDMX por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que acerca servicios de emergencia, atención emocional y acompañamiento jurídico, o el registro de agresores sexuales.
En el mundo, los registros se han convertido en un instrumento para que otras personas pueden reconocer a los agresores sentenciados, aunque han motivado debates sobre discriminación y estigmatización.
En Estados Unidos son abiertos, en Canadá y Reino Unido solo los pueden consultar autoridades.
PUBLICIDAD
La semana pasada, el Pleno de la Corte consideró que el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de la CDMX viola el derecho de reinserción social, genera estigma y una doble pena para los sentenciados, por lo que determinó que no sea público.
Este lunes precisará los artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Código Penal que serán invalidados.
El registro favorece la defensa de las víctimas y la prevención, tanto como lo hacen herramientas para hablar, denunciar y sacar del anonimato a los agresores.