El pasado 17 de febrero, la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados realizó la instalación del Comité Técnico de Evaluación (3 designadas por la JUCOPO, 2 más nombrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 2 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).
Esto con la finalidad de llevar a cabo la designación de cuatro consejeras o consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y quienes serán los encargados de revisar los perfiles de todos los aspirantes a ocupar dicho cargo, aplicar evaluaciones y proponer las quintetas de finalistas.
No tengo duda en que los integrantes del comité llevarán a cabo de manera eficiente y eficaz la responsabilidad que tienen ante las y los ciudadanos mexicanos, y apegándose estrictamente a los principios de imparcialidad y transparencia, y con ello garantizar el derecho pleno a la democracia de las y los mexicanos.
Quiero ser muy puntual en el sentido de que no por el hecho de que algunas de las personas designadas para integrar dicho comité, se diga, que tienen algún tipo de afinidad con el gobierno del presidente López Obrador o con el partido Morena, este hecho, por sí mismo, no los demerita o nos haría pensar, de inmediato, su parcialidad o alineamiento.
En este sentido, es importante otorgar nuestra confianza, dado que en ellos recaerá la evaluación de las personas que quieren ocupar el importante cargo de Consejero del INE, el órgano autónomo constitucional y fundamental en nuestro país, encargado de garantizar los derechos a votar y ser votado y de organizar y llevar a cabo las elecciones federales y, sobre todo, que contribuye al desarrollo de la educación, la cultura y la vida democrática en nuestro país.