El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un organismo autónomo de acuerdo con nuestra constitución y es el garante del cumplimiento de ciertos derechos fundamentales como lo son el acceso a la información pública y el resguardo de los datos personales o información sensible.
Funciones importantísimas para el correcto funcionamiento de una democracia y para la salvaguarda de los fondos públicos de nuestro país.
El acceso a la información pública que gestiona el INAI busca garantizar que cualquier autoridad federal, órgano autónomo, partido político, fideicomiso, fondo público, sindicato o cualquier persona física o moral que tenga a su alcance la recepción o ejercicio de recursos públicos o tenga a su cargo cualquier acto de autoridad tenga el derecho y la obligación de entregar o recibir cualquier tipo de información pública solicitada de acuerdo con sus intereses.
Para fines de la salvaguarda de información sensible o datos personales, el INAI debe procurar el uso adecuado de estos así como el ejercicio y tutelar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene en carácter de derecho con respecto a su información.
Éstas funciones resultan altamente relevantes en nuestro país para brindar protección a la ciudadanía en un aspecto especializado y garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
El INAI se encuentra en un supuesto crítico debido a que, desde hace tiempo, ha estado operando con cinco comisionados por no haber existido un proceso por el que se nombren a quienes ocuparan las dos vacantes que existen, aunado a que en abril se concluye el periodo del comisionado Acuña.
De no nombrarse a alguno de los comisionados antes de este momento, sería imposible que este cumpla con sus funciones porque para sesionar se requiere de al menos la presencia de cinco comisionados.
PUBLICIDAD
El INAI cumple con un mandato constitucional y de no atender la Junta de Coordinación Política las resoluciones judiciales que ordenan el pronto nombramiento de los comisionados para las vacantes existentes, se sentaría un peligroso precedente en donde el acceso a la información pública y la protección de datos personales se verían comprometidos.
Es responsabilidad de la Junta de Coordinación Política y de su presidente atender a la brevedad dicho asunto para no dejar este vacío constitucional para el funcionamiento de este instituto.