Desde que López Obrador era titular de la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, inició una guerra contra la transparencia y la rendición de cuentas.
En aquél 2003, vetó la ley que daba apertura a los ciudadanos para conocer la información que se encontraba en poder de los órganos de gobierno. Incluso, interpuso una controversia contra la designación de los consejeros ciudadanos.
Han pasado 20 años de esa reforma y lo que ha quedado claro del actual gobierno de Morena es que la opacidad y la corrupción son sus sellos distintivos. El Presidente López Obrador tiene una obsesión por mantener el control absoluto de las instituciones y desmantelar a aquellos órganos autónomos y garantes de derechos humanos.
Es evidente que al primer mandatario no le gustan las instituciones y lo que representan. Para él es mejor evitar los procesos que ayuden a erradicar la corrupción. No le gusta la transparencia ni el acceso a la información, sabe que ante ellos es vulnerable.
Al detener en el Senado mexicano el nombramiento de los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se ponen en riesgo los avances democráticos que se han llevado a cabo en el país en las últimas décadas.
El INAI opera actualmente con cinco de sus siete integrantes, y el próximo 31 de marzo termina el periodo de uno más, por lo que se pone en riesgo su operación al no contar con quórum suficiente para sesionar.
Hoy más que nunca, ante este gobierno que no da resultados y que es corrupto, se necesitan instituciones fuertes que le den a los ciudadanos el poder de informarse, de exigir buenos gobiernos y exigir una debida rendición de cuentas.