Aunque a muchos de este gobierno no les parezca, la realidad es que la ley es la ley, tal como lo expresamos en la concentración ciudadana del domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México.
El llamado Plan B electoral es, sin duda, violatorio de la Constitución, atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo. Ese autoritarismo que se afianza cada día desde el poder y que destruye, sin límite alguno, instituciones, personas y trayectorias.
La reforma política electoral que aprobó la mayoría en el Congreso de la Unión, por instrucción de Palacio Nacional, amenaza el avance de la participación política de todas y todos en nuestro país, particularmente de nosotras las mujeres.
Digo lo anterior, porque el llamado Plan B acaba prácticamente con el principio de paridad en la postulación de candidaturas, al quedar a discrecionalidad de los partidos, pero no solo eso, ata de manos a las autoridades electorales al quitarles la competencia para rechazar candidaturas de personas que han cometido violencia política en razón de género, que es uno de los logros que hemos construido.
Pero no termina aquí, también niega la posibilidad de cancelar candidaturas a deudores alimentarios o que han ejercido violencia familiar o sexual en contra de las mujeres, contempladas ya en la 3de3 contra la violencia, a pesar de que esta medida fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, daña el acceso equitativo de las candidatas al financiamiento público para campañas. De por sí que históricamente ser candidata y ser mujer enfrenta mayores desafíos, obstáculos, limitaciones, dificultades, con este Plan B debemos estar conscientes, que esto se va a agudizar, va a dañar los tiempos en radio y televisión, y no va a dar la garantía para las mujeres que están postuladas para competir en igualdad de condiciones.
Por si no fuera suficiente lo anterior, la reforma no considera importantes las medidas introducidas por las autoridades electorales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condición de igualdad, ni en la jurisprudencia emitida por los tribunales electorales para tutelar dichos derechos.
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Por todo lo anterior es que acudí a la concentración ciudadana en el Zócalo capitalino, porque los derechos políticos de nosotras las mujeres no pueden tener una regresión, pues más allá de las siglas partidistas, cada uno de ellos significan la lucha que durante décadas hemos dado las mujeres.
Hoy tengo mucho más aliento que hace algunas semanas sobre la Suprema Corte, porque su presidenta, la ministra Norma Piña, ha demostrado a lo largo de su vida y su trayectoria, ser leal solamente a la Constitución y a nadie más.
Es en la Corte donde se resolverá este atropello histórico a nuestra Constitución, es en este Tribunal Supremo donde quedará claro, que la Ley es la Ley.