Desde luego que sí, sin embargo, la designación no es un cheque en blanco que valga por todo el tiempo del encargo, ya que los candados y necesidades en la rendición de cuentas permiten evaluar de forma permanente a quienes ostentan esos cargos de dirección de órganos autónomos, sobre todo tratándose del máximo Instituto de fomento y promoción de la transparencia y protección de datos personales.
Las personas que participaron en el proceso de selección demostraron cumplir con características valiosas en el entendido que la evaluación es un proceso de integralidad, es decir, en el entendido que académica y profesionalmente un examen no es suficiente para determinar la pertinencia de perfiles, sino que se debe revisar la experiencia además de la prospectiva que tienen respecto del cargo, es decir, cuál es el plan que pretenden llevar a cabo para hacer funcionar al Instituto a corto y mediano plazo.
Ahora, nuestra obligación como Poder Legislativo es mantenernos pendientes del desempeño de las nuevas personas comisionadas y de las y los demás miembros del Instituto para coadyuvar en el trabajo que lleva a cabo en el día a día y fortalecer el marco normativo porque, entendemos, es perfectible de cara al Sistema Nacional Anticorrupción.
Es momento que cada vez esos procesos de selección funjan como posibilidades de parlamento abierto en el que la sociedad civil tenga acceso a los perfiles y a formular preguntas que respondan a inquietudes de la comunidad como una vía para combatir de forma real la corrupción en nuestro país.
Evidentemente que en el Senado de la República hicimos el trabajo a conciencia de esperar de que el escrutinio social califique y evalúe el trabajo de ambas personas, pero de cualquier manera se deben respetar los tiempos y la legalidad en una elección que se había retrasado inexplicablemente pero los acuerdos políticos posibilitaron el nombramiento inmediato en beneficio del pueblo de México y en cumplimiento a nuestras obligaciones.