La semana pasada se desahogó un proceso que tenía en jaque la operación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se nombraron a dos comisionados para poder completar el Pleno en su totalidad y así poder garantizar su operación y el mandato constitucional de este órgano autónomo.
En esta ocasión, se intentó cambiar el método de elección de consejeros para otorgar los nombramientos a los perfiles más calificados, pero una vez más todo terminó en un papelón.
Con presión sobre los tiempos y con un mandato judicial vigente, nos dimos a la tarea de votar la semana pasada para que se ocuparan las dos vacantes para comisionados del INAI que estaban pendientes desde hace casi un año.
Las comisiones de justicia y anticorrupción decidieron llevar a cabo un proceso de selección involucrando a especialistas y sociedad civil para establecer estándares empíricos que apoyaran a los legisladores a tomar la mejor decisión para la selección de los consejeros.
El proceso de selección parecía caminar de acuerdo al plan hasta que se prepararon los dictámenes para ser votados en el pleno, si bien la candidata propuesta cumplía a cabalidad para ser nombrada comisionada del INAI, el candidato obtuvo de las peores calificaciones de acuerdo con las métricas planteadas por distintas instituciones para el método de selección de los perfiles.
Es una realidad que cumplía a la perfección con los requisitos establecidos por ley, pero existían mejores perfiles para ocupar el cargo.
El desenlace de este proceso nos deja algunas reflexiones sobre los nombramientos que tiene que llevar a cabo el legislativo para ciertos cargos. Siempre deberíamos velar por los más altos perfiles para llegar a los cargos propuestos y tendríamos que abrir la discusión sobre legislar para endurecer los requisitos de selección de perfiles.
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Ya nos pasó en la elección de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acaba de pasar en la elección de un consejero del INAI.
Si queremos ver el vaso medio lleno, podemos afirmar que el proceso de elección de los nuevos comisionados del INAI fue transparente y se garantizó el mínimo planteado por la ley.
Queda el mal sabor de boca de que había mejores perfiles para ser electos y realizar un mejor trabajo en el Instituto, pero es evidente que aún existen las antiguas prácticas de “cuates y cuotas” y mientras esto siga así, los perfiles mejor calificados se quedarán en el camino de servir a México desde su área de expertise.