La reforma electoral que se aprobó recientemente en el Congreso de la Unión y que promulgó el Presidente de la República en marzo pasado consta de un conjunto de seis leyes que representa una gran complejidad técnica y jurídica. Hasta ahora siguen corriendo los tiempos para que quien tenga interés y personalidad jurídica para presentar impugnaciones a las decisiones democráticas del Poder Legislativo.
En el momento que la Suprema Corte o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conozcan de esas posibles impugnaciones, que han sido anunciadas, pero aun no tienen carácter formal, las mismas deberán ser turnadas para que una o un ministro escuche a las partes que estén involucradas y, posteriormente, deberá elaborar un proyecto de sentencia que deberá ser aprobado por una mayoría de al menos ocho ministros.
Al tratarse de un tema que contiene 400 artículos, de los cuales no se sabe cuáles serán cuestionados, la Corte deberá apresurarse para resolver de manera definitiva.
En este tenor, la suspensión que se ha anunciado de las reformas a 4 de los 6 ordenamientos modificados por el legislativo, causa extrañeza, en principio por no haber antecedentes de una suspensión total de normas, ya que se impugnan algunos artículos. Es decir La ley reglamentaria no permite la suspensión siendo normas generales hasta q se resuelva el fondo : la constitucionalidad o en su caso inconstitucional de la norma
Es un asunto delicado y urgente, pues la reforma electoral deberá estar lista antes de que inicie el proceso electoral federal que inicia en septiembre próximo y en el que se renovarán más de una tercera parte de los municipios, la totalidad de quienes integran las cámaras de Diputados y Senadores, los gobiernos de 9 entidades y casi todos los congresos locales, además por supuesto de quien ocupará la Presidencia de República.
Es fundamental que la Suprema Corte se aplique en resolver las impugnaciones anunciadas con el fin de que el proceso del 2024 se realice con plena certeza jurídica y la consolide nuestra democracia con reglas claras y justas. Es momento de que todas las instituciones del Estado mexicano se avoquen al fortalecimiento del sistema electoral nacional. En ese sentido, no debe haber espacio para dilaciones burocráticas o preferencias politicas que pongan en riesgo el derecho de la ciudadanía de elegir a sus representantes y gobernantes de manera transparente, imparcial y con estricto apego al Derecho y los principios de la justicia.