El gobierno se lava las manos ante un evidente crimen de Estado y al día de hoy no hay una sola renuncia en la mesa ni del Secretario de Gobernación, ni del Director del Instituto Nacional de Migración. El presidente los solapa y minimiza la muerte de 39 migrantes en instalaciones federales del INM.
El artículo 33 de nuestra Constitución establece que las personas extranjeras gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce el propio ordenamiento.
Por su parte, el artículo 6 de la Ley de Migración señala que el Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.
Durante el año pasado las quejas en contra del Instituto Nacional de Migración (INM), órgano cuya misión consiste en instrumentar la política en materia migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes nacionales y extranjeras con independencia de su situación migratoria para contribuir a que la movilidad y migración internacional sea ordenada, segura y regular con base en el marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos, crecieron en un 72.8%.
De enero a diciembre de 2022, el INM recibió 2 mil 141 quejas y el hecho violatorio más denunciado fue el relacionado con acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes, seguido por la falta de legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones de los servidores públicos. Estas cifras sitúan al INM entre las tres instituciones federales con más denuncias en el país.
Como consecuencia de la corrupción que impera en México, la inexistencia de una política migratoria y las constantes y sistematizadas violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Hace justamente una semana la muerte de 39 migrantes sacudió a México y al mundo.
Eran migrantes originarias de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela que fueron asesinadas por quien supuestamente debía velar por su bienestar y su vida.
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Incluso hay video del incendio en el centro de detención del INM en Ciudad Juárez en donde se ve como los guardias de seguridad se alejan cuando las llamas se propagan dentro de las celdas sin hacer ningún esfuerzo por abrir las rejas para ayudar a los migrantes que quedaron atrapados.
El gobierno federal tiene que aceptar que esto es un crimen de Estado pues se trata de un delito cometido por servidores públicos federales, o por particulares como los dueños de las empresas de seguridad contratadas de manera ilegal y corrupta, por ejemplo, las que tienen que ver con el Cónsul Honorario de la dictadura de Nicaragua en nuestro país que tiene contratos por más de 3 mil millones de pesos incluidas las que operaban en este centro.
Por mi parte, presentaré todas las denuncias necesarias ante instancias nacionales e internacionales con la finalidad de que se conozca lo sucedido y que se haga justicia. Tragedias como esta jamás debieran ocurrir. El Estado mexicano debe de dejar de criminalizar a las personas en contexto de movilidad.
Migrar no es un delito y los migrantes no son delincuentes, simplemente son personas que buscan una vida mejor para ellos y sus familias y en México han encontrado la muerte.
No nos cansaremos de levantar la voz porque NO MURIERON, LOS MATARON 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39… Justicia. Que en paz descansen.
DETALLES. Las y los Diputados del PAN exigimos la creación y aplicación de políticas públicas migratorias eficientes y que se lleven a cabo las acciones necesarias para que los familiares de las víctimas reciban una justa reparación del daño y que los sobrevivientes y víctimas indirectas reciban una adecuada atención médica, psicológica y jurídica. Estaremos vigilando a las autoridades.