El pasado 27 de marzo, se dio noticia de la lamentable tragedia ocurrida en una estación migratoria “provisional” del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida decenas de personas y otras resultaron heridas, todos ellos migrantes de distintos países de centro américa y del sur.
De acuerdo con información dada a conocer por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, han sido identificadas y vinculadas a proceso, por dichos hechos, ocho personas como presuntas responsables (dos agentes federales, una agente estatal de migración y cinco elementos de una empresa de seguridad privada).
Es importante destacar que, para México, el tema de la migración, que significa que grandes grupos de población se desplacen fuera de sus países de origen, buscando trabajo en otras economías, es muy complejo, somos un país de origen, tránsito, destino y retorno de miles de migrantes.
Por mandato constitucional, las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, lo que implica, cumplir a cabalidad con las normas constitucionales, convencionales y reglamentarias aplicables y los protocolos en la materia.
Sin duda, lo acontecido en Ciudad Juárez no debe repetirse en ninguna parte del mundo, y es indispensable que se trabaje de manera seria en todos los aspectos que abarca el tema migratorio.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, el estado Mexicano, tiene una especial posición de garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia.
Así como que debe establecer mecanismos de control de ingreso y salida a su territorio, compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.