El pasado 18 de abril, el secretario de Gobernación escribió en su cuenta de Twitter: “El INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia, es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación”.
La comisionada presidenta del organismo autónomo, Blanca Lilia Ibarra, le respondió, con gran tino y elegancia: “Señor secretario Adán Augusto, los comisionados del INAI lo invitamos a platicar para que conozca a profundidad el trabajo que realiza el INAI”.
Aunque a grandes rasgos parezca un “encontronazo” más, esto sintetiza el ataque sistemático de la 4T contra los organismos constitucionalmente autónomos y la congruencia de quienes sí están comprometidos con el Estado de Derecho, el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la transparencia, la protección de datos personales, la democracia y el equilibrio de poderes.
Y es que la lógica es sencilla, pero parece que al interior de la 4T se hacen los que no entienden. Las partidas presupuestales del gobierno federal son avaladas por el Poder Legislativo y auspiciadas por recursos de los mexicanos, no del gobierno.
Como mexicanos, tenemos el derecho de conocer de qué forma se ejercen nuestros recursos en las instituciones en el diario acontecer y ello molesta a quienes quieren la total discrecionalidad en el gasto de dinero público.
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Pero el INAI no es el único que peligra. Al momento de escribir esta humilde opinión, peligran también 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos y unidades administrativas, cuyas funciones pretende la 4T que sean extinguidas, fusionadas o transferidas a diversas Secretarías de Estado.
Algunas de ellas son la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el Fideicomiso al Fomento Minero, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano de la Juventud.
El Instituto Nacional del Cambio Climático, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas Con discapacidad, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
Por ejemplo, tomando el caso del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas Con Discapacidad (CONADIS), no ha tenido titular los últimos 4 años, los institutos de las entidades federativas han desaparecido casi en su totalidad y los presupuestos de estas instituciones han disminuido de manera considerable.
Con la desaparición de esta Institución, al igual que el resto, se causaría un perjuicio a más de 20 millones de personas que según Bussines Insider México viven con algún tipo de discapacidad. De igual forma, con la eliminación del resto de las instituciones se afectaría a 23.2 millones de personas que según el INEGI se auto identifican como de algún grupo étnico o bien, a los 37.8 millones de jóvenes, ya que se perderían los diagnósticos y propuestas en pro de mejores políticas públicas y condiciones de equidad.
Además, implicaría rechazar tratados y convenciones internacionales de las que México forma parte. Pero la 4T solo privilegia otorgar becas en una visión asistencialista, que limita a las personas a ser simples beneficiarios de un régimen.
Aquí la lógica vuelve a ser sencilla para entender por qué se busca su eliminación o fusión: entre más personas estén involucradas en el quehacer público, menos funciones y decisiones concentra el Ejecutivo, a quien en este caso sólo le corresponde administrar.
Para realmente “racionalizar” la estructura orgánica de la Administración pública y eficientar recursos, la clave está en el perfeccionamiento de las mismas, no en su transformación o extinción, ello por supuesto en un marco de goce y ejercicio pleno de los derechos humanos.
Pero a la 4T no le gusta nada que evidencie la ineficiencia de su gobierno, que se ha caracterizado por la ineptitud en el ejercicio del poder, la corrupción y la irregularidades financieras y administrativas en sus mega proyectos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, así como en la operación de programas sociales.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los reportes de la Cuenta Pública 2021 hay irregularidades por 2 mil 346 millones de pesos en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y que suman ya más de 15 mil 517 millones de pesos.
Es por ello que las instituciones son necesarias para evitar los excesos, la concentración facciosa del poder y el presidencialismo extremo.
El presidente, con su mirada convencida, megalómana y perdida, y con su tono de voz lento y monótono, defiende que el dinero que se ahorre pueda llegar a los mexicanos, pero ello es una gran mentira ya que lo único que necesitan de fondo es ahorrar para las dádivas de los 30 millones que necesitan para continuar asegurando su base electoral en el 2024.
Un discurso tan alejado de la realidad que resulta hasta vergonzoso, mientras oligárquicamente uno de sus hijos apareció con una millonaria residencia en Texas y el otro fue enviado al Reino Unido acompañado de una funcionaria pública como escudera para estudiar.
Mientras sus dos hermanos fueron captados recibiendo fondos para su campaña y demás miembros de su familia y administración son captados en grandes lujos que nada tienen que ver con la “austeridá” republicana.
Y por último, en el libro ¿Por qué fracasan los países?, los autores Acemoglu y Robinson mencionan, entre otros muchos aspectos, que los países prosperan en medida que perfeccionan sus instituciones, además, ello no sólo incide en lo económico, sino que fortalece los sistemas democráticos.
Sé que en México sobra decir que en estos temas estamos a años luz de estar cerca de países primermundistas, pero al menos hay que encaminar los pasos a ello y uno muy importante es analizar las decisiones que se toman desde el poder público del país, poniendo en alto riesgo la estabilidad.