Absolutamente sí, aunque da la impresión de que no se han entendido sus alcances y lo peligroso que puede ser traspasar fronteras si es que queremos mantener vivo a un Estado constitucional y democrático, ya que cuando esas líneas de separación se diluyen, puede ser funesto para un país que, siendo sinceros, tiene una auténtica democracia muy joven.
Parte de la riqueza de un gobierno democrático es la diferencia de opiniones, ya que ello sirve para construir mejores productos legislativos, políticas públicas y resoluciones, que velen por los intereses de todas y todos los mexicanos que, por su propia multiculturalidad, aportan visiones completamente distintas dependiendo de la región, de la edad y, desde luego, de los estratos sociales que se han construido.
La idea de la división de poderes históricamente implica una serie de frenos, pesos y contrapesos que eviten posiciones autoritarias, antidemocráticas o violatorias de derechos humanos por parte de servidores públicos en cualquiera de los tres poderes.
De hecho, debemos ser muy honestos y revisar la historia reciente del país para ver las ocasiones en que el Ejecutivo ha enmendado la plana a los otros poderes en el mismo sentido que lo han hecho en algunos casos el Legislativo y el Judicial, respecto de los otros, ya que es evidente que la falencia humana puede llevar a circunstancias que exijan una revisión, un análisis, una conjunción de perspectivas y la emisión de mandatos más incluyentes, más serios, más completos.
Todo el pueblo de México está obligado a luchas permanente para evitar descalificaciones de uno a otro poder por una simple y sencilla razón: es el soberano, el que tiene la última palabra, para el que se hace todo en su beneficio, de tal manera que tiene el derecho inalienable de, en cualquier momento, alzar su voz y limitar a quien se atreva a aseverar que tiene la verdad última, ya que las instituciones democráticas sólo pueden construirse a través del diálogo.
En efecto, tenemos división de poderes pero estamos en un momento crucial para evitar intromisiones, ataques, discurso de odio y la tentación de querer imponer decisiones antidemocráticas y violatorias de derechos humanos. El pueblo de México tendrá la última palabra.